Comisión de la Niñez: Expertos señalan riesgos por endurecimiento de penas a menores

La Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional debate el endurecimiento de penas a menores en un proyecto de ley reformatoria. Jaime Coello, juez penal de Guayaquil, y el psicólogo Jaime Roblero advirtieron que duplicar el internamiento preventivo es una medida regresiva e inconstitucional.Durante la sesión 117, los expertos señalaron que estas reformas carecen de sustento técnico y vulneran tratados de derechos internacionales.

Viviana Veloz Ramírez, presidenta de la mesa legislativa, dirigió la comparecencia virtual donde se analizó la responsabilidad del adolescente infractor frente al crimen organizado. La asambleísta Paola Cabezas cuestionó la eficacia de estas reformas, señalando que podrían colapsar el sistema judicial especializado sin resolver la delincuencia. Los ponentes recalcaron que el Estado ecuatoriano carece de la infraestructura necesaria para sostener estas detenciones prolongadas

El juez Jaime Alexander Coello explicó que el proyecto también pretende extender la prescripción de los delitos de tres a cinco años. Esta medida, según el magistrado, saturaría los tribunales con audiencias de revisión obligatorias cada treinta días, incrementando la carga procesal del sistema. Para el jurista, estas propuestas responden a una lógica de populismo penal que ignora la rehabilitación real del adolescente.

Riesgos legales del endurecimiento de penas a menores

Coello fue contundente al citar que la justicia para adolescentes debe ser restaurativa y no simplemente retributiva como plantea el legislativo actualmente. "Establecer y permitir en este caso que estos términos procesales sean ampliados justamente iría en detrimento y desconocimiento", afirmó el magistrado durante su intervención. El experto insistió en que el endurecimiento de penas a menores es un retroceso frente a la progresividad constitucional.

Alejandro Vanegas, asambleísta e integrante de la comisión, calificó la propuesta de reforma como absolutamente inconstitucional por su oposición directa a normativas mundiales. Vanegas señaló que la desregulación actual y la falta de jueces especializados son los verdaderos problemas que facilitan la impunidad judicial. El legislador coincidió en que aumentar los plazos de prisión provisional no disuadirá a las bandas criminales en territorio.

Por su parte, el psicólogo Jaime René Roblero aportó una visión técnica sobre los impactos psicosociales que provoca el aislamiento extendido en jóvenes. Roblero denunció que el sistema es meramente reactivo y que el encierro prolongado intensifica cuadros de ansiedad, trauma y depresión profunda. El consultor advirtió que el Estado debe priorizar la prevención antes que el castigo físico para adolescentes en riesgo.

Impacto psicológico y falta de rehabilitación estatal

El especialista Roblero enfatizó que la privación de libertad por tiempo indefinido debilita los vínculos familiares, que son esenciales para la reinserción social. "Más tiempo de encierro no significa necesaria necesariamente más rehabilitación y más seguridad", sentenció el psicólogo clínico durante su intervención ante los legisladores. Roblero explicó que el aislamiento genera una identidad delictiva que empuja al joven de regreso a las bandas organizadas.

La asambleísta Paola Cabezas consultó sobre el riesgo de eliminar el control judicial en las primeras horas de detención de los adolescentes capturados. El juez Coello respondió que suprimir esta facultad permitiría detenciones arbitrarias bajo el pretexto de combatir la inseguridad en zonas de difícil acceso. Los expertos coincidieron en que la ley debe proteger el interés superior del niño por encima de alarmas sociales.

Viviana Veloz subrayó que es necesario castigar con firmeza a los adultos que esclavizan a la niñez con fines delictivos o de trata de personas. La presidenta pidió a los comparecientes que entreguen sus observaciones por escrito para nutrir el informe que será debatido en el pleno. La sesión 117 concluyó con un llamado a fortalecer la fiscalía especializada en lugar de simplemente reformar los códigos vigentes.