La burocracia, aliada en el contagio de la tuberculosis en las cárceles de Ecuador

Algunos internos de las cárceles ecuatorianas son trasladados a centros de salud cuando ya se encuentran en fase agonizante. Otros, según denuncias de familiares, mueren dentro de sus celdas sin recibir atención médica oportuna. 

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Detrás de estos casos existe una cadena de obstáculos logísticos e institucionales que, de acuerdo con el informe N.º 19-GDIERAS-GIDAPM-2025 del Ministerio de Salud Pública (MSP), al que EXPRESO tuvo acceso, retrasa la atención sanitaria de las personas privadas de libertad.

El documento, elaborado el 18 de noviembre de 2025, señala que las necesidades médicas suelen quedar relegadas frente a otros requerimientos del sistema penitenciario. 

¿Por qué demora la atención médica a los presos?

Por cada traslado solicitado para que un profesional atienda a una persona privada de libertad, se ejecutan aproximadamente cinco movilizaciones destinadas a audiencias o diligencias judiciales y administrativas requeridas por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Como consecuencia, consultas, exámenes especializados y valoraciones médicas se postergan o, en algunos casos, no llegan a concretarse. 

Los equipos sanitarios reportan que los traslados hacia el Centro de Salud Guayas 1 (en la Penitenciaría) suelen retrasarse o suspenderse. Cuando los internos llegan después de las 15:00 o 16:00, resulta imposible atender a todos los pacientes programados para la jornada.

Aunque un acuerdo interministerial firmado en 2014 entregó al MSP la responsabilidad de los servicios de salud dentro de las cárceles, la institución no tiene facultades legales ni capacidad operativa para trasladar directamente a los internos. La seguridad, custodia y movilización continúan bajo responsabilidad del sistema penitenciario.

Trabas en la atención

Según el informe, el problema se agravó tras la intervención militar de las cárceles. Desde enero de 2024, la Penitenciaría del Litoral permanece bajo control de las Fuerzas Armadas, en el contexto del conflicto armado interno. 

Las operaciones militares provocan cierres temporales de pabellones, suspensión de movimientos internos y restricciones de acceso a las áreas médicas, lo que altera la planificación diaria de consultas y tratamientos.

Las emergencias tampoco escapan a estas limitaciones. El MSP debe activar protocolos a través del ECU-911 y esperar que el SNAI y las Fuerzas Armadas autoricen y ejecuten la movilización. Incluso cuando el personal médico emite alertas urgentes, la decisión final de trasladar a una persona privada de libertad no depende de la autoridad sanitaria.

A ello se suman problemas de coordinación, como la falta de información actualizada sobre la ubicación de los internos dentro de los pabellones. Para el personal médico, el principal obstáculo no es clínico, sino logístico.

Esa demora también fue advertida durante la audiencia de la acción de protección 09209-2025-06533. Uno de los accionantes sostuvo que algunos internos eran llevados al policlínico cuando ya se encontraban en estado caquéxico (deterioro físico extremo) y convaleciente. Desde allí eran derivados a hospitales donde, según su intervención, recibían atención paliativa y posteriormente morían.

Muertes en las celdas

Las consecuencias son visibles dentro de los centros penitenciarios. Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna Dentro y Fuera de las Cárceles, aseveró que la organización constantemente recibe denuncias sobre fallecimientos ocurridos en las celdas.

La más reciente se registró la noche del sábado 6 de junio. En un video al que tuvo acceso el Comité, se observa a tres reclusos arrastrando fuera de una celda el cuerpo de un compañero. 

“Es muy preocupante todo lo que pasa en la Penitenciaría. No tenemos respuestas por parte del Estado, ni la Fiscalía coge las denuncias. Los PPL ya están cansados de enterrar a sus compañeros”, afirmó Morales.

Según los testimonios recibidos por la organización, la persona que aparece en la grabación habría fallecido por falta de atención médica. No obstante, EXPRESO no ha podido confirmar de manera independiente su identidad, la fecha exacta del video ni la causa del supuesto deceso.

Un caso similar fue el de Erwin, cuñado de María Rodríguez, una guayaquileña que dialogó con EXPRESO en los exteriores del Hospital General Monte Sinaí. 

La mujer relató que a su allegado “lo dejaron morir en el piso”. El interno padecía tuberculosis y, en los últimos videos enviados a su madre, presentaba signos visibles de desnutrición y deterioro físico.

De acuerdo con cifras del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), 395 reclusos murieron en la Penitenciaría del Litoral por causas relacionadas con la salud entre enero y noviembre de 2025. La organización señaló que muchas de esas muertes pudieron prevenirse con atención médica, higiene y alimentación adecuadas. Del total, el 73,9 % ocurrió dentro de los pabellones.

Situación actual de la tuberculosis en Ecuador

Por su parte, el MSP reportó 676 muertes por tuberculosis a escala nacional durante 2025. De ese total, 61 correspondieron a personas privadas de libertad.

El informe del MSP también alerta que los cadáveres han permanecido hasta cinco días en el área de salud de la cárcel, debido a retrasos atribuidos al SNAI, la Policía, Criminalística y la Fiscalía.

Esta situación provoca contaminación por fluidos, malos olores y riesgos sanitarios para los pacientes y el personal médico que labora en el lugar.