La Asamblea fiscaliza, pero Corte Constitucional definirá el futuro de las Unidades Anticorrupción

Han transcurrido 18 días desde que el Pleno del Consejo de la Judicatura decidió la supresión de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. Ahora, el futuro de esa resolución se juega desde dos frentes y a ritmos distintos.

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional inició este 24 de septiembre de 2026 el proceso de fiscalización encargado por el Pleno. Además, la demanda por incumplimiento de sentencia presentada por dos jueces de la extinta unidad deberá seguir su trámite en la Corte Constitucional.

Mientras esto ocurre, la reubicación de los jueces, los cambios de tribunal en causas como el caso Goleada y las observaciones de uno de los vocales de la Judicatura han marcado el impacto de la decisión.

Disputa política en la Asamblea Nacional por la fiscalización

Uno de los espacios en los que se generó debate por la resolución fue la Asamblea Nacional. La bancada de la Revolución Ciudadana puso el tema en la agenda al iniciar el proceso de fiscalización en una de las comisiones legislativas que maneja.

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En respuesta, el oficialismo echó mano de su mayoría en el Pleno para arrebatarle la fiscalización y encargársela a la Comisión de Justicia, en la que tiene mayoría. Justamente, ese proceso arrancó ayer, sin comparecencias y con el análisis de la información que sería necesaria para continuar con la indagación.

Tanto el oficialismo como el correísmo expusieron lo que, a su criterio, era necesario para avanzar. Se acordó solicitar el acta de la sesión extraordinaria en la que la Judicatura tomó la decisión, los informes técnicos, jurídicos y administrativos, además del resto de documentos citados en la resolución de la Judicatura.

Pedidos de comparecencias y postura del oficialismo

Por su parte, el correísmo ya solicitó que se convoque a los vocales de la Judicatura, directores de la entidad, al fiscal Carlos Alarcón, al presidente de la Corte Nacional de Justicia y, por ahora, a tres expertos en Derecho.

Desde el oficialismo, el legislador Marco Olmedo dijo que era importante conocer las causales que llevaron al Consejo de la Judicatura a modificar la estructura de la especialidad en este tipo de delitos.

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Críticas y escepticismo sobre el rol de la Comisión de Justicia

Sin embargo, a la interna de la Asamblea no hay mayor expectativa sobre dicho proceso. El legislador Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), dijo: “No va a pasar nada ahí. Hay que recordar que en su momento se hizo un proceso de fiscalización a Mario Godoy (expresidente de la Judicatura) y más rápido fue el juicio político que el informe de la Comisión de Justicia”.

Desde la oposición correísta también hubo voces que cuestionaron a la Comisión de Justicia. La correísta Viviana Veloz señaló en su cuenta de X, un día antes de la sesión, que “en lugar de convocar directamente a la presidenta del Consejo de la Judicatura para que explique la eliminación de la justicia especializada, se convocó para analizar la información necesaria después de una semana”.

La batalla legal en la Corte Constitucional

A la par del escenario en la Asamblea, el martes pasado se conoció que los jueces Renán Andrade y Karol Zambrano, de la extinta Unidad Anticorrupción, acudieron a la Corte Constitucional para frenar su traspaso a otras dependencias judiciales.

A través de una acción de incumplimiento de la sentencia 9-22-IN/22, los magistrados buscan detener la reestructuración impulsada por el Consejo de la Judicatura. Según la demanda, la decisión del organismo incurre en varias violaciones legales directas. En primer lugar, la Judicatura fijó en la nueva norma una lista de delitos que los juzgados deben tramitar, una atribución que le corresponde solo a la Asamblea por reserva de ley.

Competencias de la Judicatura y riesgo de inconstitucionalidad

Este último punto es el centro del debate, sobre todo en la Asamblea. La unidad especializada está regulada en la ley. En ese sentido, la discusión parte de si la Judicatura tenía o no competencia para suprimirla mediante una resolución.

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Según Serrano, lo obvio sería que el proceso de fiscalización termine en una sugerencia de juicio político en contra de los vocales de la Judicatura. Pero es la decisión de la Corte la que podría echar abajo la resolución.

En ese escenario, Gonzalo Muñoz, experto en Derecho Constitucional, considera que la fiscalización en la Asamblea podría no tener consecuencia alguna. “Seguramente terminará con un informe que no establezca responsabilidad política”.

La determinación de la responsabilidad política podría derivar en un juicio que se resuelva en el Pleno. Sin embargo, Serrano y Muñoz coinciden en que ese no sería un escenario posible. El experto manifestó que lo que sí podría tener una incidencia es la presentación de una demanda de inconstitucionalidad.

La misma asambleísta Viviana Veloz anunció que acudiría a la Corte para presentar ese recurso. La jueza Alejandra Cárdenas fue sorteada para tramitar la demanda del correísmo.