SUPRESIÓN DE UNIDADES ANTICORRUPCIÓN
Demanda de inconstitucionalidad del correísmo por las unidades anticorrupción ya tiene jueza
La jueza Alejandra Cárdenas fue sorteada para tramitar y elaborar el proyecto de sentencia sobre la demanda presentada por la Revolución Ciudadana
Alejandra Cárdenas Reyes, jueza de la Corte Constitucional del Ecuador.
Las claves del caso
- La jueza Alejandra Cárdenas tramitará la demanda del correísmo en la Corte Constitucional.
- La Revolución Ciudadana busca anular la resolución que eliminó las judicaturas especializadas.
- Jueces anticorrupción presentaron una acción adicional de incumplimiento ante el tribunal.
La jueza Alejandra Cárdenas fue designada este 24 de septiembre de 2026 para tramitar y elaborar el proyecto de sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por asambleístas de la Revolución Ciudadana en la Corte Constitucional del Ecuador. La acción judicial busca dejar sin efecto la resolución del Consejo de la Judicatura que dispuso la supresión de las unidades especializadas anticorrupción en el país y trasladó sus competencias a judicaturas penales ordinarias.
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El trámite de la demanda en la Corte Constitucional
El acta de sorteo con fecha 24 de septiembre de 2026 consta en el portal web institucional de la Corte Constitucional del Ecuador. Con esta asignación, Cárdenas será la encargada oficial de conocer, sustanciar y elaborar el proyecto de resolución frente al recurso impulsado por la bancada de la Revolución Ciudadana.
La iniciativa legal fue anunciada formalmente el 17 de septiembre de 2026. Al respecto, la legisladora Viviana Veloz explicó la postura del bloque: “Vamos a presentar una demanda de inconstitucionalidad para que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de esta resolución que no era pertinente y tiene vicios de forma”.
Los cuestionamientos a la resolución del Consejo de la Judicatura
El debate central en el Legislativo gira en torno a la vía utilizada por el Consejo de la Judicatura, al considerar que una resolución administrativa no puede derogar órganos contemplados en una norma de rango superior como el Código Orgánico de la Función Judicial.
Los argumentos expuestos por la asambleísta Viviana Veloz destacan:
- Vulneración de la jerarquía normativa: Señalan que las judicaturas especializadas están expresamente contempladas en el Código Orgánico de la Función Judicial.
- Incumplimiento de funciones de los vocales: Veloz argumentó: “Están incumpliendo al dejar sin competencia a los jueces encargados de juzgar delitos que están dentro de la Ley de Extinción de Dominio y también de Lavado de Activos”.
- Pérdida de especialidad judicial: El correísmo busca anular el dictamen para evitar que las causas pasen a las dependencias penales de Quito.
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Magistrados anticorrupción acuden al tribunal constitucional
A las acciones del bloque legislativo se sumaron los propios jueces afectados por la reestructuración institucional. Los magistrados Renán Andrade y Karol Zambrano, pertenecientes a la extinta Unidad Anticorrupción, acudieron de forma paralela a la Corte Constitucional para frenar su traslado a otras judicaturas.
Los jueces presentaron una acción de incumplimiento fundamentada en:
- Sentencia 9-22-IN/22: Recurso interpuesto para exigir el respeto a las directrices constitucionales vigentes.
- Freno a la reestructuración: Medida cautelar para detener el traspaso administrativo dispuesto por el Consejo de la Judicatura hacia otras dependencias judiciales.
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