ADN movió sus fichas: así controló la nueva fiscalización al Consejo de la Judicatura

El oficialismo tiene un nuevo frente abierto en la Asamblea Nacional. ADN se atribuyó la fiscalización de la resolución del Consejo de la Judicatura para la supresión de las unidades anticorrupción. Esto después de quitarle el proceso al correísmo, que ya trataba el tema en una de sus dos comisiones.

Todo ocurrió en un solo día. El jueves pasado, en cuestión de horas, la bancada oficialista en la Asamblea cambió de opinión respecto a este tema. 

En la mañana, la presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), aseguró que no veía motivos para iniciar una fiscalización. En la tarde, uno de sus coidearios, Xavier Ordóñez, planteó la necesidad de hacerlo y ella puso su voto para que una comisión controlada por ADN se hiciera cargo.

Loa antecedentes para tomar el control

Pero otro hecho marcó la jornada. La Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, aprobó el inicio de la fiscalización sobre la resolución de la Judicatura. También, la asambleísta Viviana Veloz ya había solicitado información.

Antes de estos hechos, el oficialismo no se había pronunciado sobre la resolución de la Judicatura. Sin embargo, la jugada política para hacerse con el proceso de fiscalización empezó la mañana del 16 de septiembre.

Ese día, Xavier Ordóñez ingresó un pedido de cambio del orden del día para que se tratara la resolución de la Judicatura en el Pleno y se definiera que la fiscalización la realizara la Comisión de Justicia, de mayoría oficialista.

Y otro hecho se suma a la pugna por dicha fiscalización. Garantías Constitucionales ya había convocado a la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, para la sesión del jueves pasado. Al final, ella se excusó y no asistió.

Con todos esos antecedentes, la disputa se trasladó al Pleno. Ordóñez reclamó la fiscalización para la mesa presidida por su coidearia Rosa Torres. Argumentó que “es el Pleno el que debe determinar el cauce institucional de una fiscalización”.

Fiscalización en comisión oficialista 

A eso le sumó que la Ley de la Función Legislativa determina que la Comisión de Justicia debe conocer los asuntos e iniciativas en el ámbito jurisdiccional en todas sus materias.

La respuesta vino desde la presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Verónica Íñiguez. Ella citó el artículo 26 de la misma ley, en el que se señala que “cuando una comisión prevenga el conocimiento de un proceso de fiscalización, ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades sobre el mismo asunto”.

Al final, la mayoría controlada por ADN se impuso y ahora la comisión presidida por Rosa Torres (ADN) llevará adelante la fiscalización. 

Sobre esto, la misma Íñiguez recordó que no era la primera vez que ADN recurría al mismo mecanismo. Habló, por ejemplo, de cómo ADN trasladó la fiscalización de Progen a la mesa de Transparencia después de iniciado un proceso en la misma mesa de Garantías Constitucionales.

Desde el Partido Social Cristiano, la crítica fue a la vulneración a las facultades de la Asamblea. El legislador Alfredo Serrano dijo que una resolución no podía modificar un tema que fue normado por ley.

Hay un elemento adicional que da pistas sobre la voluntad del oficialismo para fiscalizar el tema. El Gobierno de Daniel Noboa fue clave en la operación que determinó la llegada de Mercedes Caicedo a la Judicatura.

El entonces ministro del Trabajo y hoy candidato a la Alcaldía de Quito, Harold Burbano, fue quien defendió el mantenimiento de la prohibición de ejercer un cargo público en contra de la entonces vocal suplente Alexandra Villacís, quien debía asumir la presidencia de la Judicatura ante la ausencia de Mario Godoy.

Esto pese a que hubo una sentencia que ordenaba levantar dicha prohibición. Mientras la inhabilidad estuvo vigente, el CPCCS avanzó en la designación de Caicedo como nueva titular de la Judicatura.

Por ahora, el correísmo ha ofrecido continuar con la fiscalización, aunque sin claridad de cómo lo hará. Ayer, Viviana Veloz (RC) dijo: “Con (el tema de) Godoy hicieron lo mismo. Lo enviaron a la Comisión de Justicia bajo el supuesto de una fiscalización. El resultado real llegó con el juicio político y su destitución, porque de aquella supuesta fiscalización, hasta hoy, (no hay) ni informe ni resultados”.