Aquiles Álvarez: defensa cuestiona negativa del MSP a cirugía privada

La negativa del Ministerio de Salud Pública (MSP) para autorizar una cirugía privada a Aquiles Álvarez abrió un nuevo frente de cuestionamientos por parte de su esposa, Fiorella Icaza, y su abogado, Julio César Cueva. Ambos sostienen que la respuesta oficial no explica por qué ahora se restringe una atención particular que el propio Estado permitió cuando trasladó al alcalde a la Clínica Hospital Alcívar.

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Cuestionamientos a la respuesta estatal

En un escrito dirigido al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Icaza y Cueva cuestionan el oficio Nro. MSP-VGS-2026-1181-O, emitido el 7 de septiembre, con el que se negó la autorización para la intervención quirúrgica programada. Según el documento, la Cartera de Estado justifica su decisión en que cuenta con la “capacidad resolutiva, operativa, técnica y administrativa necesaria” para ejecutar la atención requerida.

La respuesta de los representantes de Álvarez sostiene que esa afirmación no demuestra que exista una valoración médica individualizada sobre el caso. Para Cueva e Icaza, decir que la red pública tiene capacidad hospitalaria no responde si existe disponibilidad concreta para la cirugía, ni si se revisaron la historia clínica, los antecedentes y el tratamiento que actualmente se encuentra programado.

Uno de los principales puntos de la contestación es el antecedente del Hospital Alcívar, a donde Álvarez fue trasladado el 8 de julio de 2026 por una emergencia médica vinculada, según su defensa, con problemas en la vesícula. Icaza y Cueva cuestionan que en ese entonces el Estado haya optado por una casa de salud particular y que ahora invoque la existencia de una red pública como argumento para impedir que el alcalde sea intervenido en otro establecimiento privado escogido por él y su equipo médico.

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La controversia por el traslado a la Clínica Alcívar

El escrito incorpora además un cuestionamiento sobre el profesional que habría atendido a Álvarez durante aquella hospitalización. Icaza y Cueva señalan que el médico, Juan Carlos Aveiga, habría sido designado ministro de Salud Pública aproximadamente 48 horas después del traslado.

Además, Cueva e Icaza cuestionan que el oficio del MSP no detalle quién examinó al alcalde, qué especialista emitió un informe, cuál es su diagnóstico actualizado ni qué procedimiento específico se pretende realizar dentro de la red estatal. También preguntan si se verificó la disponibilidad quirúrgica y si existe un informe que determine que modificar la planificación terapéutica no representa un riesgo para el paciente.

La defensa sostiene, además, que la condición de persona privada de libertad no permite sustituir su voluntad en decisiones estrictamente médicas. El documento cita normas constitucionales, legales y estándares internacionales para argumentar que el consentimiento informado constituye un elemento esencial de la atención y que la custodia estatal no convierte al MSP o al SNAI en sustitutos de la autonomía del paciente.

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Seis pedidos a las autoridades

La contestación plantea seis requerimientos concretos a las autoridades, entre ellos: reconsiderar la negativa y coordinar con el SNAI la ejecución de la cirugía programada. Además, solicita que se entregue información y documentación relacionada con el anterior traslado a la Clínica Hospital Alcívar, así como con la actual negativa.