Sectores gremiales cuestionan la venta de activos del IESS

La venta de activos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) plantea una pregunta que va más allá de cuánto dinero puede obtener la entidad: ¿es esta la salida para enfrentar sus problemas financieros o el camino para desprenderse de un patrimonio que pertenece a sus afiliados? Las voces consultadas coinciden en que cualquier decisión debe mirar primero las obligaciones pendientes y el futuro de la seguridad social.

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Reparos a la iniciativa del Ejecutivo

La iniciativa del presidente Daniel Noboa Azín genera reparos entre dirigentes de afiliados, jubilados y trabajadores, quienes consideran que el Ejecutivo no puede disponer de bienes de una institución autónoma. Henry Izurieta, secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social, advierte que la venta puede terminar afectando los intereses del IESS y de quienes dependen de sus prestaciones.

Además, Raúl Yánez, vocero del grupo de docentes jubilados, apunta directamente a la Constitución. Menciona que el artículo 372 establece que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio son propios y distintos de los del fisco, y prohíbe que una institución estatal disponga de ellos o menoscabe su patrimonio.

En este escenario, uno de los principales riesgos señalados por los entrevistados es que una venta apresurada termine reduciendo el patrimonio del IESS. Izurieta sostiene que los terrenos y edificaciones pueden conservar o incrementar su valor con el tiempo, por lo que desprenderse de ellos para obtener liquidez inmediata podría resultar contraproducente.

A esa preocupación se suma otra: la posibilidad de que determinados bienes sean vendidos por debajo de su valor real. Luis Pilaló, presidente de la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino en Guayas, recuerda experiencias anteriores, como la venta del Hotel Quito, y teme que los inmuebles terminen rematándose a precios que no reflejen su verdadero patrimonio.

Mientras tanto, Yánez señala que el problema puede agravarse si se incluyen bienes estratégicos dentro de una eventual enajenación. Sostiene que hospitales, dispensarios y terrenos destinados a infraestructura sanitaria deberían quedar fuera de cualquier proceso de venta.

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Avalúos bajo revisión

En esa revisión también aparece el tema de los avalúos. Virginia Pineda, presidenta de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas y vicepresidenta nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, ve necesario actualizar la valoración de todos los bienes de la seguridad social, pues algunos activos podrían estar registrados por montos que no corresponden con su valor real de mercado.

Por su parte, Pineda plantea que cualquier valoración debe estar en manos de especialistas independientes. La exigencia busca evitar que un inmueble estratégico termine vendido por una cifra inferior a la que realmente representa.

Pero el riesgo no estaría solo en el precio. Los entrevistados advierten sobre quiénes podrían ser los compradores (empresarios y narcotraficantes) y la necesidad de identificar a los beneficiarios finales.

La dirigente gremial propone que se conozca quién compra cada inmueble, quiénes son sus beneficiarios efectivos y qué relación podrían tener con funcionarios públicos. Asimismo, que debe establecerse una cláusula que impida conflictos de intereses.

También habla de implementar una auditoría integral y externa que permita revisar los procesos relacionados con los bienes, antes de que se concrete cualquier operación. Para los dirigentes consultados, la transparencia debe ser una condición previa y no una revisión posterior.

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Las cámaras también ponen condiciones

En este punto aparece una coincidencia llamativa con el sector empresarial. Galo Salamea, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, opina que vender activos puede ser correcto únicamente si se trata de bienes improductivos que el Seguro Social no necesita para cumplir sus funciones.

Pero incluso desde las cámaras se plantean límites similares a los expresados por los dirigentes de afiliados y jubilados. Salamea exige transparencia, avalúos independientes y procesos competitivos que permitan obtener el mejor valor para los asegurados.

Las deudas, en el centro del debate

No obstante, hay un aspecto que atraviesa las entrevistas: las deudas que el IESS reclama al Estado y a los empleadores morosos. Para los consultados, vender patrimonio mientras existen obligaciones pendientes supone atacar el efecto de la crisis y no sus causas.

Izurieta sostiene que el Estado debe cumplir con su aporte del 40 % para las pensiones y, además, reconocer la deuda que mantiene con el IESS. Advierte que existe una diferencia considerable entre las cifras que maneja la seguridad social y las que constan en las cuentas estatales, por lo que primero debería aclararse cuánto se debe realmente.

A la par, los entrevistados piden recuperar los valores adeudados por los empleadores. Izurieta habla de una deuda patronal cercana a los $2.500 millones y pide que se fortalezcan los mecanismos de recaudación para recuperar esos recursos. Yánez coincide en que el Estado debería establecer un convenio de pago para cubrir las obligaciones acumuladas.

Salamea concuerda con el secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Seguridad Social y defiende que cualquier obligación legítima debe reconocerse y pagarse, tanto por parte del Estado como de los empleadores. Para ello, considera indispensable contar primero con cifras claras, auditadas y transparentes.

Así, las posiciones convergen en un punto: esta operación no puede convertirse en la solución estructural del IESS. Desde las cámaras proponen mejorar la administración, combatir la evasión y la mora, optimizar costos y gestionar adecuadamente las inversiones y el patrimonio de la entidad social.

A pesar de ello, queda un elemento que los entrevistados consideran preocupante: el silencio del Consejo Directivo del IESS frente a la orden presidencial. EXPRESO intentó conversar con Bernardo Cordovez, presidente del Consejo Directivo; María de los Ángeles Rodríguez y Jorge Moncayo, vocales en representación de los empleados y de los asegurados respectivamente, pero ninguno respondió al pedido enviado por correo electrónico.

Para los entrevistados, el IESS necesita ingresos permanentes, no solo liquidez inmediata. El sector empresarial subraya que se debe generar más empleo formal.