Amenazas y ataques revelan fallas en la protección de jueces y funcionarios judiciales
La Asociación de Jueces y el Observatorio alertan sobre fallas en los protocolos de seguridad y plantean depuración y medidas urgentes de protección
Los jueces sugieren recrear el nivel de protección de unidades, como la de Quito, en otras dependencias.
Lo que debes saber
- Las amenazas, asesinatos y atentados contra operadores de justicia encendieron las alertas en Ecuador.
- Jueces denuncian que los protocolos de seguridad tardan hasta 20 días en activarse.
- Gremios y expertos exigen protección inmediata, depuración y más controles en la Función Judicial.
A una jueza y dos secretarios de la Fiscalía les arrebataron la vida. Un magistrado, el subdirector del Consejo de la Judicatura y la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, recibieron amenazas. La Unidad Judicial en Santa Elena fue atacada con disparos. Los anteriores son seis hechos de violencia en contra de los operadores de justicia que se han registrado solo en mayo.
Los atentados y hostilidades generan consternación y han desencadenado una serie de alertas y peticiones a las autoridades para mejorar la protección de los profesionales que administran justicia en el país.
La Judicatura ha reconocido esa vulnerabilidad. Caicedo dijo, en entrevistas recientes, que existen 121 funcionarios de la Función Judicial que han sido amenazados. Ante las situaciones de peligro, el organismo ha contacto al Ministerio del Interior para mejorar el proceso de protección y seguridad de los servidores judiciales, presentó denuncias de esos casos en Fiscalía y ha iniciado mesas de trabajo con otras instituciones, entre ellas, la Policía Nacional y la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador (Aemaj).
Violencia contra jueces y fiscales alarma al sistema judicial
No obstante, el gremio de los jueces y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) consideran que las medidas son insuficientes. Además, sostienen que la reacción para activar la protección se ha burocratizado. De allí que sugieren implementar prácticas que se aplican en otros países, como Estados Unidos, en donde resguardan a los magistrados y sus familiares con procesos más rápidos y que no se dilatan.
Según explica Alexander Barahona, actualmente, cuando un magistrado es amenazado de muerte o contra la integridad de sus familiares cercanos, debe dar a conocer el caso en la dirección provincial respectiva y llenar un formulario para trasladarlo a la Policía. Luego, la entidad de la Fuerza Pública debe valorar el nivel de riesgo y, “si hay mérito, se concede la protección, pero esto demora de 15 a 20 días, por eso se considera que es muy tarde”, dice.
María Dolores Miño, directora del ODJ, manifiesta que es un protocolo que no se adecua a la realidad actual. “El proceso ha demostrado no ser efectivo porque Interior hace la valoración del pedido que, desde la mirada de los jueces, no parece ser técnica ni objetiva. Deciden si hay riesgo o no y se asigna la seguridad, pero si el Ministerio dice que no cree que hay riesgo, entonces le quita la seguridad, como lo hizo con Carlos Serrano”, el juez anticorrupción al que le removieron la protección para presionar que favorezca con una sentencia al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. “Por eso se sugiere un protocolo y un plan de seguridad integral”, añade.
Jueces cuestionan demora en protocolos de seguridad
El Observatorio ha documentado que, en seis años, se han registrado 43 atentados contra la integridad y la vida de los operadores de justicia, desde 2020. De ellos, 25 han dejado víctimas mortales.
En ese contexto, la Asociación ha planteado aplicar tres medidas. La primera es la creación de una unidad de riesgo que involucre a la Judicatura, Interior y los jueces. Creen que así se mantendrá una comunicación más fluida, así como rutas de protección y disposiciones de forma más célere. “No necesariamente el acompañamiento de un policía porque depende del nivel de riesgo o de gravedad, pero no debe tardar tanto tiempo. Así un magistrado podrá tener seguridad ante el miedo que genera una amenaza”, señala Barahona.
La otra medida se enfoca en las unidades judiciales. El gremio sostiene que las infraestructuras deberían adecuar los filtros de seguridad, con detector de metales y cámaras, que no permitan que se pueda acceder fácilmente a los jueces. “Se ha recibido cooperación e inversión en unidades judiciales penales de Manabí, Albán Borja (Guayaquil) y el Complejo Judicial Norte de Quito. Son ejemplos exitosos de adecuación de las unidades” para otras ciudades, resalta el vocero.
En la capital existen sistemas de detección de armas y otros controles, que reducen el riesgo de los operadores judiciales.
Proponen depuración y controles en la Función Judicial
Finalmente, plantean capacitación: una formación que establezca cómo los jueces deben actuar frente a reacciones agresivas de las partes procesales.
Aunque los jueces y especialistas hablan de medidas de acción inmediatas, la experiencia desde el interior de la Judicatura hace plantear una solución adicional. La exvocal del Consejo, Solanda Goyes, considera que el gran reto del organismo es establecer una política que depure a los funcionarios.
“Que se haga una separación entre aquellos que forman parte de las bandas y los que no, para que la protección de los jueces no termine protegiendo a aquellos que están vendidos o son parte de este sistema contaminado. La protección de los jueces debe ser realmente efectiva para la independencia judicial, lo principal es darles garantías para que actúen con independencia y generar un ambiente virtuoso”
Barahona coincide. “Lo deseable es que los involucrados pasen ciertos filtros, como pruebas de confianza y que tengan estabilidad”.
Para Miño, la depuración es uno de los mecanismos de prevención y detección temprana que también han sugerido. “Parte de la amenaza viene desde dentro de la propia Función Judicial. Entonces, al hacer el diagnóstico de riesgo del entorno, de quiénes ayudan al juez, capaz se podría disminuir la capacidad de acceder a los jueces”, concluye.
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