Allanamiento a CNEL en Ecuador: ¿Quién expuso al ridículo al presidente Daniel Noboa?

Para ser una operación de la Fiscalía, como se supone que era, el fiscal general Carlos Alarcón andaba demasiado perdido en el espacio. Literalmente. La imagen del secretario de Integridad, el siete oficios del régimen José Julio Neira, indicándole con autoritario e inequívoco gesto de su dedo el lugar donde debía pararse (y el otro, dócil, haciendo lo que se le mandaba), quedó registrada en video y fue difundida por el propio ministro del Interior, John Reimberg, poco atento a los detalles de lo que tuitea. Esos diez segundos revelan la naturaleza del allanamiento que tuvo lugar el pasado martes, 28 de abril, en las oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), con protagonismo del presidente de la República y su séquito de ministros, funcionarios, autoridades del poder Ejecutivo y, perdido entre todos ellos, sin saber qué hacer, qué decir y dónde ponerse, el fiscal.

¿Operativo judicial o show político?

¿Fue una operación de la Fiscalía o del gobierno? Quizás la presencia de John Reimberg se puede justificar por la relación de mando que tiene con la Policía. Pero ¿y los otros? ¿Qué hacía ahí Nataly Morillo, ministra de Gobierno? ¿Le correspondía a ella, o a José Julio Neira, o al secretario de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi, o a la ministra de Energía, Inés Manzano (por mucho que el asunto tenga que ver con su cartera), encabezar un allanamiento en el que el propio fiscal apareció como comparsa?

Todo ocurrió de manera aberrante: como si el Ejecutivo fuera el titular de la acción penal pública; y la Fiscalía, una dependencia bajo su mando. Esa desnaturalización de una diligencia que debía manejarse con la debida reserva escandalizó a la parte más consciente de la comunidad jurídica. Luego, el gobierno trató de corregir la mala impresión causada reformulando su coartada: Alfonso ‘el Pocho’ Harb, periodista de la radio que compró el noboísmo e invitado especial del presidente para asistir a la incursión en la CNEL, fue el primero en circular aquella versión según la cual los representantes del Ejecutivo, y él mismo con ellos, llegaron cuando el allanamiento ya había concluido para hacer un reconocimiento. Pero no fue eso lo que había dicho el ministro Reimberg cuando tuiteaba en tiempo real a las diez y media de la mañana.

La falta de evidencias y el silencio de la Fiscalía tras el operativo masivo

Lo que ocurrió en las siguientes 24 horas confirma todas las sospechas. Para empezar, el hecho de que no hubiera (y no la haya hasta el día de hoy) información alguna por parte de la Fiscalía, con excepción de un extemporáneo tuit publicado ese mismo martes después del mediodía, en el que se hablaba de un allanamiento “en desarrollo” cuando éste ya había concluido. Desde entonces, ninguna noticia sobre los resultados, ni exhibición de evidencias capturadas, ni publicación de listas de implicados, nada: ni una palabra por parte de un fiscal que, en esta ocasión, se abstuvo hasta de bautizar el caso, cosa rarísima si se considera que otros (el Triple A, por ejemplo) tienen hasta logotipo.

Quien informó al país sobre lo que había ocurrido (y esto, más que raro, resulta tremendamente irregular) fue Inés Manzano. Lo hizo en cadena nacional el mismo martes 28 por la noche. En tres minutos y medio, la ministra de Energía a punto de dejar el cargo describió confusamente un esquema de corrupción que operaba en la CNEL. Habló de evidencias, dijo que “46 funcionarios han sido identificados”, calculó con bastante exactitud las cifras del perjuicio económico ocasionado… En fin, dio por resuelto lo que se supone era el inicio de una investigación a cargo de la Fiscalía.

Funcionarios de CNEL liberados: ¿Por qué no hubo formulación de cargos?

Sin embargo, muy lejos de empezar a resolverse siquiera debe estar el caso para que todos los detenidos, esos 46 funcionarios que Inés Manzano asegura tener plenamente identificados como responsables, hayan recuperado su libertad al día siguiente. En cuanto a las evidencias que la ministra dice haber juntado, tampoco parecen ser suficientes. Uno podría pensar que el allanamiento sirvió para incautar teléfonos y computadores en los cuales rastrear las huellas de los presuntos delitos de corrupción, que consistían precisamente en la manipulación digital de las planillas. Pero ningún aparato ha sido mostrado (lo cual es raro: las incautaciones de los allanamientos siempre son exhibidas como trofeos) y la Fiscalía no ha logrado juntar indicios suficientes para formular cargos contra ninguno de esos 46 funcionarios que se supone fueron detenidos.

Pero Manzano ya dictó sentencia en cadena nacional y Carlos Alarcón, empeñado en ser reelecto como fiscal general en el concurso amañado que organiza para tal efecto un Consejo de Participación Ciudadana controlado por el Ejecutivo, sin duda sabrá ser sensible a sus intereses. Está en juego, nada menos, el ridículo del jefe de Estado. Porque ¿quién es el funcionario que va a asumir la responsabilidad de haber embarcado a Daniel Noboa en esta historia? Poner al presidente de la República a encabezar un allanamiento milimétricamente coreografiado, con amplio despliegue mediático y movilización de altos funcionarios ¿para no tener, hasta el momento un solo detenido? ¿Ni siquiera un caso con nombre vistoso y reconocible? Por menos de eso suelen rodar cabezas. Un funcionario eficiente ha de cuidarse de exponer al ridículo a su jefe.

Por fortuna para Daniel Noboa, el fiscal Alarcón es un servidor obsecuente y hasta ahora no le ha fallado. A él se debe, entre otras cosas, que el correísmo haya quedado fuera de juego para las próximas elecciones y que el alcalde de Guayaquil se encuentre incomunicado en una celda. Alarcón se gana la reelección a pulso.

Por el momento, ya hay medios digitales de confianza del gobierno a los que se les ha filtrado (¿desde la Fiscalía, desde el ministerio de Energía, desde el despacho de Sensi-Contugi, desde la Presidencia?) los primeros nombres de quienes serán vinculados al caso de corrupción que se investiga en la CNEL. Nombres es lo que se necesitaba con urgencia. Se trata del gerente, Ángel Erazo, y el sindicalista Richard Gómez, despedido del organismo en septiembre del año pasado en medio del escándalo de la desaparición de más de 800 mil dólares de los fondos del comité de empresa, bajo su responsabilidad. Dicta la experiencia que, si el gobierno se lo filtró a uno de sus medios, pronto se hará realidad.

Denuncia anónima en tiempo récord y sin grabación

Queda todavía un detalle más (el peor de todos) que echa abajo la credibilidad de la versión oficial de los hechos ocurridos en torno al allanamiento de CNEL. Se trata del registro de una llamada telefónica del servicio 1800-Delito de la Policía Nacional. La versión oficial combina dos cosas: de un lado, una denuncia telefónica anónima; de otro, una auditoría solicitada por la ministra Inés Manzano, a partir de esa denuncia anónima, que le permitió reconstruir el procedimiento de la trama de corrupción. Ahora sabemos, porque el registro de la llamada anónima se hizo público, que ésta se produjo el mismo martes 28 de abril a las siete y veinte de la mañana. Y como el allanamiento ya estaba en marcha a las 10:30 de ese día, hay que suponer que Inés Manzano solicitó y obtuvo su auditoría en el tiempo récord de tres horas (sin considerar el tiempo necesario para organizar el operativo). Es usual que Inés Manzano mienta con descaro y no podía hallar mejor manera de despedirse del ministerio que mintiendo. Pero esta mentira es descomunal y nos conduce a una serie de preguntas inquietantes.

Hay tres datos importantes que considerar en esa denuncia telefónica de las 7:20. Primero; el informante se identifica con el nombre ficticio de Pablo. Segundo: cuenta, sin dar ningún detalle, que varias personas se han dedicado a adulterar el sistema de facturación del servicio de energía eléctrica, causando un perjuicio al Estado; esta vaguedad de la denuncia en cuanto al procedimiento contrasta con la puntillosa precisión de la lista de responsables: Pablo despacha 23 nombres completos (dos nombres y dos apellidos, como si tuviera las cédulas de identidad por delante), divididos en cinco grupos, según las oficinas en las que trabajan (planta central, unidad de negocio Guayaquil, ARCONEL…). El tercer dato importante es que no existe grabación de la llamada. El documento oficial de registro consigna que “debido al no funcionamiento y daño del sistema 1800-Delito, la llamada telefónica no fue grabada”. Puede uno imaginar a Pablo dictando los 46 nombres y 46 apellidos a un agencioso telefonista que va mecanografiando cuidadosamente al otro lado de la línea. Deben haber tardado un chorro de tiempo.

Vulnerabilidad de las garantías ciudadanas ante allanamientos por denuncias anónimas

Y aquí vienen las preguntas inquietantes. Un primer grupo tiene que ver con el asunto de la grabadora: ¿es verdad que en plena supuesta guerra del Estado contra el narcotráfico y el crimen organizado tenemos un sistema de denuncias telefónicas dañado? ¿No queda registro alguno de las llamadas porque la grabadora no funciona? ¿Es en serio? ¿Es por lo menos verosímil?

El segundo grupo de preguntas tienen que ver con nuestras propias garantías como ciudadanos. ¿Basta con la llamada anónima de cualquier Pablo para justificar un allanamiento y la detención de decenas de personas? ¿Para movilizar al presidente de la República y sus ministros de Estado, invitar a periodistas amigos, organizar un operativo en tres provincias? ¿Puede uno llamar al 1800-Delito e inventarse cualquier historia sobre cualquier persona con la seguridad de que será allanado de inmediato? No, desde luego; sólo cuando el gobierno lo requiera.

Todo parece indicar que el ministerio de Energía, en efecto, estaba sobre la pista de un esquema de corrupción en la CNEL. Pero en lugar de denunciarlo a la Fiscalía, para lo cual habría necesitado juntar suficientes indicios, recurre a una denuncia anónima que consiste, básicamente, en una lista de nombres de personas a las que no se atreve la ministra a inculpar directamente. Una denuncia anónima inverosímil de la que no queda registro. Y eso, sí, pueden hacérselo a cualquiera. El gobierno puede recurrir (más aún en estado de excepción) a denuncias anónimas o noticias de delitos pescadas al paso en redes sociales, como hizo contra este Diario, para justificar cualquier allanamiento, cualquier intervención, cualquier atropello. Es muy probable que sí exista un esquema de corrupción en marcha desde hace años en CNEL, pero resulta chocante que el gobierno no pueda enfrentarlo sin poner en riesgo nuestras más elementales garantías.