ADN lleva la compra de trolebuses en Quito a la Fiscalía y asambleísta arremete por caso Progen

El bloque legislativo de ADN busca que la Fiscalía realice actos urgentes para precautelar la información relacionada con la compra de trolebuses eléctricos por parte del Municipio de Quito. El asambleísta Xavier Ordóñez acudió al Ministerio Público para entregar la información recabada y, ante los cuestionamientos sobre la fiscalización al caso Progen, arremetió contra uno de los periodistas.

“Acabo de ingresar un acto urgente para que la Fiscalía empiece a tomar acciones para precautelar toda la información que, seguramente, se va a tratar de desvirtuar, desaparecer o dejar de lado”, señaló Ordóñez.

Con ello se refería a la información relacionada con la compra de trolebuses y al proceso de fiscalización que impulsó, cuyo informe fue aprobado en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional.

En las conclusiones del informe se señala que “el memorándum de acuerdo suscrito entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) no operó como un instrumento de mera cooperación técnica o acompañamiento institucional, sino como una estructura de ejecución con obligaciones definidas, costos propios, mecanismos de administración específicos y una lógica operativa que permitió trasladar a un tercero funciones sustantivas vinculadas a la adquisición de los 60 trolebuses eléctricos”.

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¿Cuál es el argumento de Ordóñez en el caso?

El documento también especifica que el esquema utilizado no resultó económicamente neutro para la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, pues la adquisición no se limitó al valor de los bienes, sino que incorporó costos de implementación, costos indirectos y otras cargas asociadas al funcionamiento del mecanismo adoptado.

El argumento de Ordóñez es que, mediante ese mecanismo, el Municipio de Quito, encabezado por Pabel Muñoz, realizó una especie de bypass para saltarse la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los controles del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

“Los hallazgos que tenemos, por ejemplo, el desvío de fondos a Estados Unidos, la compra con un sobreprecio de más de 100.000 dólares por trolebús lo que suma casi 6 millones de dólares y el haber entregado dineros sin justificación generando intereses para un organismo que no era del Estado”, dijo Ordóñez.

¿Qué busca ADN con el acto urgente en la Fiscalía?

Según Ordóñez, el objetivo principal es precautelar la información del caso. A partir de ello, agregó el legislador, la Fiscalía deberá determinar qué acciones son necesarias para cumplir ese propósito.

“Lo que estoy pidiendo es que se obtenga la información y se la precautele. No he pedido en mi acto urgente un allanamiento. El método de obtención es facultad de la autoridad”, agregó el legislador oficialista.

Cuestionamientos por el caso Progen

En medio de la rueda de prensa, Ordóñez fue consultado sobre el caso Progen. El legislador se mantuvo en la posición oficialista de que su bancada ya fiscalizó ese tema y que de ese proceso surgió un informe de la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome (ADN).

“Está aquí (en relación a la Fiscalía). Aproveche. Entre y pida información de cómo va. Cuando me pongo a investigar lo hago con pruebas. Si hay pruebas están aquí”, señaló.

Además, ante la consulta de que el caso no está siendo investigado en la Asamblea, Ordóñez arremetió contra el periodista Enrique Alcívar y lo acusó de ser amigo del bloque correísta.

“Sus amigos no lo haces. Solo hacen ruedas de prensa para hablar pero nunca presentan documentos”, dijo.