Verdad y comunicación

Un Estado de derecho con su independencia judicial definida, ofrece garantías básicas para arbitrar el conflicto social y proteger libertades en cualquier democracia. Lamentablemente en los actuales tiempos que cruzamos, ya no sólo se litiga ante jueces, sino también ante usuarios de redes y audiencias masivas que acogen una verdad y forman opiniones en minutos. Esto es parte de lo que se conoce desde hace algún tiempo como “juicio paralelo”, en los que la condena o absolución surge por fuera de los tribunales. 

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Sin la ritualidad de estos, pero con mucho morbo, gozando, por lo general, de mayor aceptación que la deliberación institucional. Este es uno de los motivos por el que no estoy de acuerdo con imponer juicio de jurados en el Ecuador, con 12 o 15 ciudadanos, legos absolutamente en derecho, totalmente manipulables y con capacidad para imponer condenas que implican la privación de derechos del reo y sus familias.

Lo cierto es que la supuesta verdad va de un celular a otro a la velocidad de la luz, instrumentalizando la comunicación para buscar ventajas de algún tipo. Casi siempre estratégicamente dirigida por un profesional, buscando el favor social, mediático o presionando a fiscales y jueces, saboteando la independencia judicial. Se supone que la comunicación, profesional y éticamente conducida durante un juicio que se ha convertido en mediático, no busca suplantar la función judicial, sino preservar la reputación o imagen y dar una información veraz. 

En todo litigio legal hay un tema de prestigio en juego, en el que los ciudadanos o las empresas son víctimas de acusaciones públicas con contratos, líneas de crédito o relaciones comerciales que se pierden mucho antes de una sentencia. Y claro, habría mucho de ingenuidad suponer que la verdad se impondrá por sí sola, ya que la opinión pública se forma con los datos pertinente disponibles y, si el flujo de estos está controlado por la parte contraria la narrativa surge asimétrica desde el inicio. Ahora bien, en estricta postura ética, lo dicho anteriormente no autoriza campañas de desinformación ni la utilización de “troles” o filtraciones interesadas.

Desde la institucionalidad las controversias deben resolverse en tribunales imparciales. Cualquier intento de manipular lo judicial debe denunciarse y, cuando proceda, sancionarse. Por otro lado, los jueces y fiscales tienen la responsabilidad de blindar el proceso frente a contaminaciones externas, aplicando las normas procesales que preservan el debido proceso sin sucumbir a una agenda mediática y/o política. Peor aún crear una tendencia en redes, con filtraciones judiciales interesadas que surjan del poder político en perjuicio de opositores o incómodos conestatarios. Algo que lamentablemente es común por estos lares.

El rol de la comunicación 

Ciertamente que es necesario coordinar defensa jurídica y comunicación. Los tiempos y el profesionalismo lo exige; pero no se trata de que los abogados cedan la estrategia a los comunicadores ni de que estos dicten la línea judicial. Ambos van de la mano. Informar, decir algo sobre un litigio a la comunidad implica traducir hechos sin tergiversarlos y explicar, con transparencia, lo que puede y debe manifestarse. 

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Sin embargo y eventualmente, habría que recurrir a demandas por difamación, medidas cautelares, solicitudes de rectificación y las denuncias pertinentes si alguna de las partes cruza líneas rojas, por ejemplo, una campaña injuriosa. Lo cierto es que hay que fortalecer cultural e institucionalmente a la opinión pública, reclamar responsabilidad ética por parte de medios, comunicadores, asesores en crisis reputacionales y actores públicos. Que se aprenda a diferenciar ruido de verdad, las vías digitales no deben sustituir a los tribunales. Sólo así se conserva la confianza pública y se evita que el juicio paralelo degrade la institucionalidad.