santa elena
Jueza frena la construcción del malecón de Manglaralto por representar riesgo a las tortugas marinas
El fallo expone omisiones en los permisos avalados por el Ministerio de Inés Manzano y el proyecto del prefecto José Daniel Villao en un ecosistema frágil
Inés manzano fue accionada en el proceso que señala a la obra de la prefectura de Santa Elena, por la emisión de un permiso ambiental de bajo impacto.
La justicia ecuatoriana ordenó paralizar el proyecto de malecón proyectado en la cabecera parroquial de Manglaralto. Según la sentencia a la que EXPRESO tuvo acceso, la jueza constitucional Ana María Tapia falló a favor de una acción de protección tras demostrarse el riesgo inminente de la obra sobre zonas de anidación de las tortugas Golfina y Carey.
Omisiones de las autoridades
El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), cuya titular era la exministra Inés Manzano (accionada en el proceso), emitió el 10 de enero de 2025 un registro ambiental que categorizó el proyecto con un impacto "bajo" mediante una aprobación automática en su plataforma digital. Esto dio paso a una obra de 3,3 millones de dólares que contemplaba levantar un muro de escolleras de 850 metros y edificar 18 unidades sanitarias directamente sobre la zona de playa y berma.
Por su parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial de Santa Elena, bajo la dirección del prefecto José Daniel Villao, impulsó el diseño en este hábitat.
Sin embargo, a vísperas del litigio, la propia Prefectura solicitó al MAE la "extinción" de su permiso ambiental vigente con el fin de iniciar un nuevo proceso y modificar las coordenadas, luego de que informes biológicos confirmaran la presencia de nidos en el polígono de intervención.
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En abril de este año, la Prefectura de Santa Elena se defendió asegurando que la obra no ha avanzado, y que intervenciones en el sitio son acciones de mitigación para la erosión. Además, mencionó el aval de la Agencia Francesa de Desarrollo, a través del Programa de Inversiones Multisectorial PIM-AFD.
Aunque, según el medio Bitácora Ambiental, esta entidad ha descartado ser partícipe aún de un financiamiento, asegurando que "el proyecto (para el malecón de concreto sobre la playa donde anidan tortugas marinas) presentado a la AFD en marzo de 2026, no ha sido seleccionado para su financiación.... Tras su evaluación, no pudo demostrar una contribución suficiente a los objetivos climáticos y medioambientales perseguidos por esta línea de crédito".
Sentencia y medidas de reparación
Para la jueza Tapia, esta maniobra administrativa comprobó que las actuaciones iniciales de las autoridades prescindieron de una valoración real del riesgo ecológico. La resolución establece que tanto el Ministerio como la Prefectura vulneraron el principio precautorio y los derechos de la naturaleza, al no garantizar desde el inicio la protección reforzada que la Constitución exige para especies en estado de vulnerabilidad.
Ante la vulneración de derechos, la sentencia impone medidas de reparación y garantías de no repetición:
- Freno total a la Prefectura: El GAD de Santa Elena tiene prohibido iniciar cualquier trabajo o movimiento de tierras. Deberá rediseñar el proyecto, incorporar modificaciones técnicas para no afectar la anidación y obtener permisos sustentados en estudios científicos reales.
- Control estricto al MAE: El Ministerio de Ambiente está obligado a verificar en el sitio el cumplimiento de las medidas de protección antes de emitir cualquier nueva autorización administrativa.
- Candado al financiamiento: El Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), que procesaba una línea de crédito para la obra, fue notificado. La jueza le ordenó verificar el estricto cumplimiento de los requisitos ambientales y de esta sentencia antes de aprobar el financiamiento y ejecutar desembolsos.
Las entidades accionadas interpusieron de forma oral el recurso de apelación, por lo que el proceso pasará a conocimiento de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena.
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