Usurpación legalizada

El ciudadano promedio de Occidente, lo mismo de América que de Europa, vive en la ficción del estado benefactor, aunque lo llaman de bienestar para encubrir el tufo paternalista. Se ha convencido este ciudadano de que el Estado -con fondos del contribuyente, naturalmente- debe garantizarle vivienda, empleo y hasta el ocio y la vestimenta en las más delirantes cartas políticas, como la ecuatoriana, que dedica al catálogo de quimeras más de 40 páginas.

Teorías políticas aparte, porque el papel y los manifiestos aguantan cualquier abstracción imposible, hay un fenómeno cultural y práctico sobre el que se discute poco o nada: la castración de la voluntad individual. Conforme la autoridad gana en atribuciones y exacciones bajo el pretexto de dar a todos lo que cada uno debería ganar con el sudor de su frente, se atrofia el sentido de responsabilidad e iniciativa del individuo. Para qué velar por el retiro, se cuestiona, si la seguridad social se lo garantiza. Pero la caja de pensiones está quebrada. Nadie le advierte que no se crean suficientes empleos -gracias, dicho sea de paso, al efecto disuasivo de las garantías laborales y a las cargas y obstáculos que supone emprender-, ni la familia moderna es ya familia ni tiene suficientes hijos, de modo que llegará el momento en que los aportes de los pocos cotizantes nuevos sea insuficiente para financiar las pensiones y otras prestaciones. Sin embargo, bajo el espejismo de la seguridad social han obligado a todo cristo a contribuir a un fondo diseñado para fracasar. Un esquema Ponzi legalizado y monopólico.

Las consecuencias de un estado benefactor

Para qué labrarse un futuro, para qué esforzarse por trabajar la milla extra o formarse mejor si el acceso igualitario está garantizado, para qué tomar riesgos si el Estado está en la obligación de asegurarlo todo y más. Como si las arcas fiscales se llenaran por arte de magia. Han reducido al ciudadano a una condición similar a la del menor incapaz, cuyo padre da permisos, reparte estipendios, paga educación y dicta contenidos, impone censuras. El Estado social de derechos no es más que un socialismo ladino, una maquina deshumanizadora que usurpa libertades y propicia individuos dependientes, mediocres, sin iniciativa ni autonomía real; es un Estado que no busca otra cosa que aumentar su propio poder y sustituir con leyes, regulaciones y permisos previos lo que debería ser materia de decisión libre y personal.