Desvío de bonos por $12 millones: guía para entender qué pasó y por qué el caso preocupa al mercado

La transferencia irregular de más de $12 millones en bonos del Estado ha reactivado las alertas sobre los laxos mecanismos de control del mercado de valores ecuatoriano.

Según ha revelado EXPRESO en estos días, la operación involucró bonos de propiedad de Conorte S.A., que habrían sido trasladados y negociados sin autorización de su legítimo tenedor. El caso ya derivó en sanciones administrativas, una investigación de la Fiscalía y cuestionamientos sobre el papel de varios actores del sistema financiero.

¿Qué ocurrió exactamente?

De acuerdo con la resolución del Comité Disciplinario de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), a la que tuvo acceso EXPRESO, el 25 de marzo de 2026 se ejecutaron operaciones relacionadas con bonos estatales valorados en $12,39 millones que pertenecían a Conorte S.A.

La investigación preliminar señala que los títulos habrían sido transferidos desde la Casa de Valores Santa Fe hacia Andes Capital, donde se abrió una subcuenta para posteriormente vender los bonos y trasladar los recursos a un fondo de inversión. Todo ello habría ocurrido sin autorización formal del propietario de los títulos.

¿Qué son los bonos del Estado?

Son títulos de deuda emitidos por el Gobierno. Quien los posee tiene derecho a recibir pagos futuros del Estado y puede conservarlos hasta su vencimiento o venderlos en el mercado de valores.

En Ecuador, estos instrumentos son utilizados con frecuencia por empresas, proveedores del Estado y entidades financieras para obtener liquidez o realizar inversiones.

¿Quién era el dueño de los bonos?

La empresa Concesionaria Norte (Conorte S.A.), que denunció que nunca autorizó la transferencia ni la negociación de esos títulos. La compañía presentó una denuncia penal en abril de este año.

¿Se perdió el dinero?

No. Según la BVQ, Andes Capital devolvió posteriormente el capital y los intereses generados, por un total superior a $12,6 millones. Sin embargo, la devolución no eliminó las dudas sobre cómo fue posible que la operación se ejecutara.

¿Quiénes están investigando este caso?

Actualmente existen varias aristas:

¿Qué sanciones se impusieron?

Entre las medidas adoptadas constan:

¿Cuál es la defensa de Andes Capital?

Según un funcionario de la casa de valores, que prefirió mantenerse en el anonimato, la empresa es víctima de un fraude. Andes Capital asegura estar colaborando con la investigación penal y considera a uno de sus exdirectivos (Steve Quintana) como una pieza clave para esclarecer los hechos.

Quintana, quien dio declaraciones a EXPRESO, en cambio atribuye el hecho a un fraude informático. Alega que se utilizó documentación aparentemente legítima, correos electrónicos fraudulentos y firmas electrónicas falsas para inducir a error a la institución. El hoy señalado, asegura que la “verdad le asiste. Lo que se dijo fue lo que sucedió y está probado documentalmente. Si yo tuviera algo que ver, no estaría aquí. ¿Qué sentido tiene haber desviado 12 millones de dólares para devolverlos?", dijo a EXPRESO. 

¿Qué papel juega el Banco Central?

Los bonos estaban bajo custodia del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE).

Por esa razón, uno de los principales debates gira en torno a los controles que debieron aplicarse antes de registrar los movimientos de los títulos. Expertos consultados por EXPRESO han señalado que las investigaciones deberán determinar si existieron fallas u omisiones en los procedimientos de verificación.

El Banco Central, sin embargo, este 17 de de septiembre emitió su  postura en el tema. La entidad señaló que las transferencias se ejecutan sobre la base de instrucciones remitidas por las casas de valores y que estas son responsables de la información presentada para abrir subcuentas y gestionar movimientos de títulos.

¿Por qué este caso genera tanta preocupación?

Porque revive recuerdos de uno de los mayores escándalos financieros recientes del país: el caso Isspol. 

Aunque los expertos consultados por EXPRESO señalan que ambos procesos tienen diferencias importantes, los hechos coinciden en el desvío de recursos en el mercado bursátil, producto de los laxos controles. 

Además, ocurre en un momento en que el mercado bursátil ecuatoriano ha mostrado un fuerte crecimiento en volumen de negociación, lo que vuelve más relevante la confianza de inversionistas, empresas y participantes del sistema. El año pasado, en el mercado bursátil se llegaron a negociar $2.376,7 millones de bonos estatales en el mercado bursátil. Eso representó un incremento del 92,5 %.

¿Qué sigue ahora?

La investigación penal será la que determine si existieron responsabilidades individuales, falsificación de documentos, fraude informático u otros delitos.

También deberá establecer cómo se originó la operación, qué controles fallaron y si hubo más participantes involucrados. Paralelamente, continúan las discusiones sobre posibles ajustes regulatorios y mecanismos de supervisión para evitar que un caso similar vuelva a repetirse.