Avivatos
La inmunidad electoral en Ecuador se convierte en una herramienta de impunidad para procesados penales que usan sus candidaturas para eludir la justicia
Para las elecciones del 29 de noviembre de este año los medios de comunicación han identificado 23 casos de personas que se han candidatizado para obstaculizar los procesos penales en su contra.
Veintitrés candidatos a las elecciones del 29 de noviembre habrían recurrido a integrar las listas electorales con el propósito de evadir o detener procesos penales en su contra. Es un claro de abuso del derecho. El artículo 108 del Código de la Democracia dispone que los candidatos no podrán ser privados de su libertad ni enjuiciados penalmente desde el momento de su calificación hasta la proclamación de los resultados.
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Desde que se expidió esta norma, varias personas han recurrido a esta exagerada protección para librarse de juicios penales y mantenerse en libertad a título de candidatos, a sabiendas de las nulas posibilidades de ser elegidos. Esto ha sido posible no solamente por esta ingenua protección de la ley electoral, sino por la actitud de las autoridades electorales.
Abuso del derecho
Se dirá que el texto de la ley no admite interpretaciones, pero un juez electoral no puede permitir que se abuse de una norma legal con el único fin de evadir las normas sancionatorias. La sociedad está cansada de ver cómo en los procesos penales se acude a todo tipo de manipulaciones para evitar que se sancione a quienes cometieron delitos contra el patrimonio del Estado. Cambio de abogados, enfermos de última hora, calamidades domésticas y otros subterfugios para que no se dicte o se lea la sentencia. Y los jueces soportan estas vejaciones.
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El abuso del derecho es recurrir de mala fe a una norma legal con el propósito de perjudicar a otra o de beneficiarse ilegítimamente de ella. Para las elecciones del 29 de noviembre de este año los medios de comunicación han identificado 23 casos de personas que se han candidatizado para obstaculizar los procesos penales en su contra. Esta corruptela se ha vuelto costumbre en el país, ante la inacción cómplice de la autoridad electoral.
La finalidad de la protección legal es evitar que la justicia no independiente utilice los procesos penales contra candidatos que podrían afectar las posibilidades electorales de los cercanos al gobierno. Pero su abuso prostituye su legitimidad.
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