Buscando una vía para salir de la encrucijada en que se encuentra el país, parecería que el Ejecutivo ha encontrado un norte. Una de las promesas de campaña del primer mandatario fue la lucha contra la corrupción y lograr que quienes no cumplían sus obligaciones tributarias empezaran a hacerlo. Más adelante anunció que conocía quiénes eran los grandes evasores de impuestos y que develaría sus nombres. Recientemente, obligado por las circunstancias, tuvo que señalar a un excandidato a la Presidencia, y ante posturas adversas del Legislativo, identificar a asambleístas que buscaron el beneficio propio a cambio de la aprobación de una ley fundamental para el desarrollo del país. Ahora también ha solicitado a Fiscalía que investigue al exesposo de la alcaldesa de Guayaquil por adquisiciones de tierras que verían crecer su plusvalía con la construcción del futuro aeropuerto. Si este es el camino a seguir elegido por el presidente de la República, que no pare, que estas acciones no sean percibidas como un posible acto de revancha por no haber recibido la colaboración a sus proyectos a cambio de un silencio tácito o la concesión de favores por votos. Que sea una compromiso serio con el combate y desarme de la estructura de corrupción que está destruyendo al Ecuador. Si esa es su decisión, tendrá el apoyo de todos los ecuatorianos.