No hay nada como dormir tranquilo. Descansar sabiendo que amanecerá y si alguien toca la puerta temprano no será la policía en un allanamiento sorpresa por haber transado algún negocio torcido. No hay como tener la conciencia tranquila y disfrutar de las ganancias cosechadas con la certeza de que la Interpol no le buscará cuando esté vacacionando fuera del país. Pero, en Ecuador, esa conciencia limpia tiene un precio cuando se trata de hospitales, de obras, de prestar servicios para el Estado. Y lo pagan todos los ecuatorianos.

La corrupción está tan enraizada que los contratistas o proveedores del sector privado que quieren dormir tranquilos terminan siendo cómplices indirectamente. No le venden al Estado, no le prestan servicios ni construyen para él. Evitan el trato directo para evitar la coima. Pero sí abastecen a la Administración. ¿Cómo? Con intermediarios. Ellos dan su prestación sin sobornos, quedan con la conciencia limpia, y ya serán los otros los que pongan el sobreprecio para repartirse las ganancias. Dicen que no les queda otra opción.

Pero, siendo sinceros, eso es lavarse las manos ante la existencia de una cadena de abusos en la que solo pierden unos: los ciudadanos. No pagar la coima directamente no evita el sobreprecio y el robo.