Es impresentable pretender servir con prioridad los intereses de los tenedores de bonos cuando ocurre una catástrofe como la presente. No se trata de no pagar, sino de hacerlo en condiciones que sean económica, política y socialmente viables. Enfrentamos una calamidad global y debemos aplicar la misma filosofía de distensión financiera que el Gobierno proclama hacia adentro, para argumentar nuestra posición ante los acreedores externos. Endeudarse para pagar intereses no va a abrir el mercado. Ecuador no puede continuar exportando capitales mientras enfrenta la mayor crisis de salud pública en su historia.

Tampoco es solución proponer subir impuestos, trasladar recursos del comercio desvalido hacia grupos selectos de exportadores, rebajar sueldos o proponer intervencionismos que buscan, soterradamente, dar al traste con la dolarización. Es la hora de las decisiones de trascendencia que alienten y no sofoquen la producción, decisiones que apunten a recuperar liquidez interna, que restauren la inversión pública a expensas del consumo y den paso al crecimiento. Decisiones que, por sobre todo restablezcan el objetivo de que la razón de ser del Estado es la de proteger el bienestar de sus ciudadanos.