Rosa Torres | Hay que sacar a los corruptos

La percepción de que todo está corrompido en el país es cada vez mayor. Esto se debe a que las autoridades de todos los niveles de poder no han hecho nada para atajar ni erradicar esta corrupción. Algunos porque han integrado estos grupos y otros debido a sus intereses o a los de colaboradores y familiares cercanos. Por ello han mirado hacia otro lado, como si no tuvieran ninguna responsabilidad en combatirla para proteger al pueblo que han jurado servir con honestidad y transparencia.

Todos los gobiernos que conozco, desde el de Sixto Durán Ballén (1992-1996) hasta el de Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (en funciones), han tenido en sus administraciones a funcionarios, entre ellos parientes cercanos y lejanos, que han sido procesados por peculado, soborno, malversación de fondos, nepotismo, enriquecimiento ilícito, concusión y cohecho. No ha habido presidente de la República en los últimos 30 años que no haya sido salpicado, directa o indirectamente, por sus actos y por las andanzas de colaboradores y parientes, quienes han metido la mano en las arcas públicas para quedarse con el dinero del pueblo a través de negociados que han hecho aún más grande el déficit fiscal que ahoga al Estado en deudas y desatención ciudadana. Incluso los mismos presidentes han sido juzgados: Abdalá Bucaram (1996-1997), Fabián Alarcón (1997-1998), Jamil Mahuad (1998-2000), Rafael Correa (2007-2017) y Lenín Moreno (2017-2021).

En este 2024 puedo decir, sin temor a equivocarme, que gran parte de los políticos ecuatorianos están involucrados en actos de corrupción. Esto incluye a asambleístas y máximas autoridades de los organismos de control, jueces y fiscales, quienes han dejado de administrar justicia para atender intereses personales y particulares.

Las autoridades, por más que digan lo contrario, no se han preocupado de elaborar políticas y planes para combatir la corrupción. Ha sido la clase política la que ha permitido que amigos y parientes lleguen a la administración pública para llenar sus bolsillos. Y lo más preocupante: la sociedad ecuatoriana lo ha permitido y lo sigue permitiendo. Esto tiene que acabar.