¿Código penal para presidentes?

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¿Código penal para presidentes?

Con el aparatoso nombre de Sistema Unificado de Compensación Regional, SUCRE, Correa y Chávez simularon exportaciones a Venezuela por más de dos mil millones utilizando la empresa de Alex Saab, hoy preso en una cárcel de EE. UU. Que el castro-chavismo sea una organización criminal no es novedad. Pero que se utilice el gobierno para montar descaradas operaciones delictivas entre dos países, no tiene precedente histórico. Esto requiere una tipificación especial, pues una cosa es que cuatro mafiosos se asocien para lavar activos (art. 317 COIP), y otra muy distinta, que dos presidentes implementen un mecanismo binacional para lavar parte de la millonada que le robaron a sus países. Por eso es cómico tener códigos penales para perseguir al ciudadano que roba un celular y no a truhanes como el que nos robó 70 mil millones. Tales latrocinios no deben ser sancionados con los ridículos 10 años hoy establecidos, sino con penas de 100 años. Precisamente para disuadir a los próximos pillos que -aprovechando nuestras ficticias “democracias”- logren llegar al poder.

Otros actos punibles son la entrega del territorio nacional a los carteles de la droga, atentando contra el bienestar de los miles de adolescentes lanzados a las garras del vicio; y una colectividad sitiada por el sicariato y el crimen organizado. Ambos -sin duda- son actos de traición a la patria, el peor delito que puede cometer un presidente. Pero somos un mal chiste: en Ecuador, este es básicamente un delito para militares en tiempo de guerra.

Los tipos penales no sirven para nada si están mal hechos. Traicionar a su patria siendo presidente es un acto demencial. Pero no sancionar tal locura porque no existe el tipo penal para hacerlo, es peor. El principal asaltante de un país -a veces- es su mismo gobernante, quien usa el poder para delinquir. Y hay delitos que solo se pueden cometer desde la presidencia. Jamás un presidente del Ecuador debe volver a perpetrar tales atrocidades. Por eso el COIP requiere un capítulo especial para presidentes. O la entrega del país al crimen organizado seguirá en la impunidad.