La protesta social es el recurso para evidenciar las problemáticas que afectan los ámbitos gremiales y/o colectivos, realizada generalmente por activistas, y originada por hechos de carácter social, económico o político.

Vandalismo es la tendencia a cometer actos destructivos contra la propiedad pública sin consideración hacia los demás.

Terrorismo es la forma violenta de lucha política, el cual persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de inseguridad, con sucesivos actos violentos para infundir terror e intimidar a los adversarios o a la población en general. Ej.: las masacres carcelarias, cuya finalidad es causar terror, convirtiéndolo en herramienta de presión contra el gobierno, para que nada cambie y que los capos de los grupos delincuenciales sigan manejando el negocio carcelario como si se tratara de la Peni Hotel; así como las movilizaciones de octubre del 2019, cuyos dirigentes gremiales quieren continuar en la palestra política. Ambos persiguen no perder sus privilegios.

Los derrumbes en la vía a Cuenca fueron ocasionados saturando la tierra de la montaña con agua y dinamitando la roca, según declaraciones y videos presentados por la viceministra de Transporte, razón por la cual presentaron demanda por terrorismo contra los autores de tal hecho.

El derecho a la resistencia, artículo 98 de la Constitución del 2008, manifiesta: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público de personas naturales/jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

Los sucesos relatados pretenden justificarse como protesta social en el supuesto ejercicio del derecho constitucional a la resistencia. Los actos descritos son delitos y como tales, no pueden ser considerados protesta social, peor aún como derecho a la resistencia, derecho que no está reglamentado para hacer efectivo su ejercicio. Por tanto, que no vengan luego con el cuento de la judicialización de la protesta social.