Quito, la capital del Ecuador, no debe ni puede tolerar por más tiempo la situación difícil, insólita y absurda que vive como consecuencia de la testarudez del exalcalde Jorge Yunda Machado, que se aferra a esa alta dignidad valiéndose para ello de argucias y de “leguleyadas” que evidencian una administración de justicia que, lejos de servir para que impere la ley, se presta para dictar fallos contrarios a derecho. El Concejo Metropolitano de Quito, luego de cumplir fielmente con las leyes, tanto con la Cootad como con el Código de la Democracia, por mayoría de votos de sus concejales, resolvió la remoción de Yunda como alcalde de Quito. Yunda, en ejercicio de su derecho a la defensa, apeló ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que es el competente para resolver esta situación en vista de que los concejales que votaron por su remoción no son jueces que administran justicia, sino funcionarios que actuaron ejercitando un acto administrativo. El TCE conoció dicha apelación y resolvió que la remoción estaba legalmente hecha. Esto hizo que, de inmediato, se procediera a nombrar como alcalde al doctor Santiago Guarderas, así como a la nueva vicealcaldesa. Todo hizo prever que el asunto tan enredado había llegado a su final, pero el exalcalde acudió ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha impugnando el informe de la “Comisión de Mesa”, y no la remoción de Yunda. Los jueces provinciales, sin competencia para conocer esta impugnación, resolvieron que la remoción de Yunda no estuvo bien hecha, aspecto que no planteó el recurso, razón por la cual quedó sin efecto la remoción. Mas Yunda, en su afán de no salir de la Alcaldía, sin esperar que ese absurdo fallo se ejecutoríe, volvió al ejercicio de esa dignidad, sin respaldo legal alguno. Así no puede seguir Quito.

Le corresponde al TribunalContencioso Electoral imponer su autoridad y disponer que su fallo es el que surte efectos jurídicos, y no el de los jueces provinciales. Así es como debe terminar este caso, antes que la situación se agrave más.