El cierre del estrecho de Ormuz: impacto global y lecciones sobre resiliencia energética

El cierre del estrecho de Ormuz provocó una ruptura global pero asimétrica descrita por el FMI, al interrumpir el flujo de petróleo, gas natural licuado y fertilizantes, generando alzas de precios, reordenamiento de cadenas de suministro y endurecimiento de las condiciones financieras a escala mundial. 

Economía global y la aceleración de la transición energética

Las economías importadoras de Asia, África y Europa resultaron las más afectadas, con mayores costos de financiación, aumento de diferenciales de bonos y rebajas de calificación crediticia, mientras el alza de tipos de interés redujo el margen fiscal de los países en desarrollo. 

La crisis reveló también una división estructural: los países con sistemas energéticos diversificados y mayor autonomía tecnológica resistieron mejor que aquellos altamente dependientes de combustibles fósiles y mercados globales volátiles. España destacó por su transición renovable, donde la expansión de la eólica y la solar redujo la dependencia del gas en la fijación de precios eléctricos del 75% en 2019 al 19% en 2025, lo que se tradujo en precios significativamente más bajos que en Alemania e Italia durante el shock. 

Brasil amortiguó el impacto gracias a su infraestructura de biocombustibles y su flota de vehículos flex fuel, que permitió sustituir parte de la gasolina importada por etanol de caña de azúcar, limitando la subida de precios internos y despertando interés internacional en su modelo energético. 

China mostró resiliencia por la expansión de renovables, que ya representan cerca del 40% de su generación eléctrica, y por la acumulación de reservas estratégicas de petróleo superiores a 1200 millones de barriles, lo que moderó el impacto sobre su crecimiento económico. El shock de Ormuz aceleró la transición energética global, en una dinámica comparable al efecto que tuvo la guerra en Ucrania sobre Europa, al reforzar la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la adopción de energías limpias más baratas y accesibles. 

La lección principal es que la vulnerabilidad depende de decisiones estructurales y políticas, no solo de la balanza comercial, por lo que la diversificación energética y el desacoplamiento entre mercados globales y consumo interno resultan esenciales para la resiliencia. 

Los economistas proponen impuestos a beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para financiar medidas de protección social e inversión, dado que los shocks de precios redistribuyen ingresos desde los consumidores hacia los accionistas del sector fósil. Estos recursos podrían destinarse a subsidios temporales, vales de energía focalizados y mecanismos de estabilización de precios, además de impulsar inversiones estructurales en transición energética y descarbonización de empresas estatales. 

Fondos soberanos en países como Malasia, Indonesia y Senegal ya canalizan rentas de recursos hacia energías renovables, almacenamiento, hidrógeno verde y movilidad eléctrica, vinculando riqueza extractiva con desarrollo de tecnologías limpias. Transformar las rentas fósiles en activos verdes es clave para la autonomía futura, y los países que aprovechen este momento podrán reducir su vulnerabilidad y fortalecer su resiliencia ante futuras crisis energéticas globales. Además, la falta de coordinación internacional y la limitada capacidad de respuesta de las instituciones multilaterales refuerzan la urgencia de políticas nacionales proactivas que integren seguridad energética, inversión climática y protección social como pilares simultáneos de estabilidad económica futura y resiliencia global sostenible continuada.