No existe verdadera justicia, al menos en el país. La Asamblea pretendió llamar a la esposa y al hijo mayor del presidente de la República para que informen sobre los Pandora Papers. Ellos no son funcionarios públicos, en consecuencia, no tienen la obligación. Además, el presidente no tiene obligación legal de acudir a la Asamblea ante la convocatoria de la Comisión de Garantías Constitucionales. Estos asambleístas actuales excepto uno, que preside la comisión de Fiscalización, no devengan su sueldo y no tienen el sustento legal para llamarlos. Por otro lado, es indignante que policías que en el cumplimiento de su deber han utilizado sus armas de dotación al repeler un ataque de delincuentes, estén detenidos, a punto de enfrentar juicios penales. Y, por último, el dirigente indígena nuevamente presente en el cierre de carreteras y paralizaciones, siembra caos en la serranía, tal como hace dos años, cuando sembraron el terror con otro dirigente del mismo gremio en la capital, con saqueos, incendios, retenciones de civiles, policías y militares; y, todavía estas dos personas no están presas. La justicia ecuatoriana no ha hecho nada; peor los asambleístas, que han sido elegidos por nosotros y perciben buenos sueldos producto de nuestros impuestos: no cambian las actuales leyes obsoletas que tenemos.

Roberto Flores