Xavier Zavala Egas: "La academia tiene una deuda con Ecuador; no quieren meterse en problemas"

La academia de Ecuador afronta un severo cuestionamiento por su limitado rol frente a los grandes problemas del país y los casos de corrupción judicial de los últimos años. En entrevista con EXPRESO, el docente de Derecho Penal y expresidente de la Corte Superior de Justicia del Guayas, Xavier Zavala Egas, reconoce las falencias de las universidades, pero aclara que estas también se enfrentan a un Gobierno con "cero tolerancia" a las posturas críticas. Zavala Egas también opina sobre las reformas judiciales impulsadas en la Asamblea Nacional y los retrasos en el concurso para fiscal general del Estado.

El silencio de la academia en Ecuador: ¿Desinterés o miedo?

- La academia se ha mantenido al margen de los grandes problemas del país. ¿A qué responde esa actitud?

El mundo académico está en deuda. Debe tener mayor presencia provocando el necesario debate sobre las posibles soluciones. Sin embargo, no es menos cierto que opinar objetivamente sobre los graves problemas que afrontamos se torna difícil ante un gobierno con cero tolerancia a criterios incómodos o contrarios a las tesis oficiales. En el mundo universitario es más grave aún, por ser estas (las universidades) frágiles a la presión presupuestaria.

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- ¿El freno es por miedo? ¿Cómo salir de ese temor?

Si estamos frente a una democracia dura o con visos de autocracia, toda posición neutral y objetiva, como debe ser la opinión académica, tiende a provocar rechazo e incomodidad en el gobierno. Por no salir de la zona de confort, muchos en la academia prefieren no meterse en problemas y, por ende, prefieren no opinar.

- ¿Eso no es ser parte del problema, dar vía libre a estas actitudes de autocracia?

Termina siendo así. Hay una frase que no es mía, pero me parece magnífica para retratar el tema: “permitir un abuso da pie al segundo abuso”. Cuando miramos hacia otro lado, cuando decimos “no es conmigo”, estamos dando paso, efectivamente, a que esta serie de atropellos se normalice.

La corrupción judicial y la posible criminalización de los abogados

- La academia, en especial las escuelas de Derecho, tampoco ha tenido autocrítica con el procesamiento de servidores judiciales en casos como Metástasis, Purga o Plaga. ¿Cuál debe ser el mea culpa?

Los jueces y fiscales involucrados salieron de nuestras aulas, obtuvieron sus títulos y la academia fue parte de la secuencia que los legitimó. Sin embargo, más allá de intentar formarlos éticamente, muy poco se puede lograr frente a la distorsión de valores que la sociedad en general sufre. Debemos exigir más para graduar, formar en ética con casos reales, pero también asumir que a las universidades algo les llega cuando sus graduados delinquen. Es inevitable y no solo sucede en el caso de los abogados.

- En la Asamblea Nacional se plantea una reforma para tener sanciones más severas contra los servidores judiciales involucrados en crímenes. ¿Es una solución o se trata de una criminalización de la profesión?

No tengo conocimiento de la reforma, pero uno de los cuerpos legales más reformados en los últimos años es el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Normalmente de lo que se trata es de lo que se conoce en doctrina como un derecho penal simbólico, es decir, un derecho penal populista. El ciudadano común no conoce las profundidades del sistema penal y solamente se satisface con el castigo o con la sanción. Para el político populista, lo más fácil es aumentar las penas y vender la idea de que con eso se soluciona el problema, cuando realmente hay un sector que no compartimos esto. Se está irrespetando la profesión de abogado.

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- ¿Cómo liberar a fiscales y jueces de estas presiones?

No hay una fórmula para ello. No hay sistemas o procesos inmunes a la corrupción, cooptación o a la captura política. Muchos concursos para designación empiezan con la corrupción en el diseño del proceso. Se debe garantizar estabilidad en el cargo, porque figuras como el error inexcusable se usan para disciplinar a jueces incómodos. En teoría y en la práctica, se deben mantener órganos independientes del poder y, obviamente, una clara protección de fiscales amenazados por el crimen.

Repetir el concurso para fiscal no servirá con un CPCCS politizado

- En ese contexto, Ecuador está en proceso de elegir un nuevo fiscal general del Estado en medio de sospechas de favoritos. ¿Gozará de legitimidad quien resulte designado?

De legalidad sí, pero llegará débil en lo que más importa: la confianza. Y la falta de credibilidad lo hace ilegítimo. Cada decisión que tome provocará sospecha, será leída como acomodo político o pago de favores. El concurso para fiscal general, por ejemplo, suma demasiadas inconsistencias, retrasos, renuncias en cadena y una misión internacional que ya manifestó reparos.

- La Misión Internacional de Observación ha recomendado prácticamente rehacer el concurso. ¿Ecuador puede darse ese lujo, cuando existen retrasos y el fiscal encargado tiene la sombra del oficialismo?

Mientras el país cuente con un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como este, politizado como todos, repetir un concurso no sirve de nada. Los que van a designar, los árbitros, están comprometidos con sectores políticos.

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- Está pendiente un referéndum para quitarle al CPCCS la designación de autoridades y trasladársela a la Asamblea Nacional. ¿Es una solución o solo transparenta el problema?

Soy partidario de que las designaciones y los concursos pasen a la Asamblea, no porque sea la panacea de la legitimidad o de la transparencia, sino porque se van a ver las cartas que se están jugando, quién va por qué lado y quién va por el otro. Ahora, esto no implica que sea solamente levantar la mano y votar, sino que deberá entrar en unos procesos en donde ojalá se transparente todo. Al contrario de lo que está sucediendo ahora.