"¿A quién beneficia que fiscal encargado se quede? Hágase esa pregunta", dice observador de misión

La Misión Internacional de Observación Sobre la Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia de Ecuador expone su reparos al concurso que lleva adelante el CPCCS. No habla de los intereses detrás del retraso pero sí invita a preguntarse quiénes son los más beneficiados de la actual situación del concurso.

Buscaron reunirse con los vocales del CPCCS e integrantes de la Comisión Ciudadana. ¿Qué les dijeron?

No tuvimos respuesta, lamentablemente, en las dos visitas que hemos tenido; aunque en agosto aún no estaba conformada la Comisión Ciudadana. Nos hemos reunido con organizaciones de la sociedad civil que se especializan en el tema y también con el mundo académico y otras fuentes de información válidas, incluso embajadas.

¿Qué sensación les deja no haber tenido respuesta de estas dos instancias clave?

Es una pena. En otros países tenemos reuniones. Aquí mismo, en Ecuador, cuando fue el proceso de elección de magistrados de la Corte Nacional, en su momento tuvimos reuniones con el Consejo de la Judicatura. Nos quedamos sin contrastar nuestra visión con lo que pudieron habernos planteado las autoridades.

¿Cuáles considera que son esos principales hallazgos con los que se generan dudas respecto al concurso?

Primero, que la reglamentación del proceso se dicta justo antes de la convocatoria. Lo que los estándares internacionales recomiendan es que haya una reglamentación permanente. Segundo. 

La selección o la búsqueda de la Comisión Ciudadana no tuvo el diseño de un perfil adecuado. La persona o el grupo que va a encabezar la búsqueda del fiscal general tiene que saber acerca del sistema de justicia penal. Lamentablemente eso no ocurrió. Tercero. Ha habido un incumplimiento de plazos. 

Este proceso debió haberse anticipado a la salida de la antigua titular. Ella se va y queda el suplente. Se va el suplente y queda otro suplente. Se supo la información. La (ex) fiscal estaba ofrecida para ser embajadora en Argentina con mucha anticipación, lo que generaba un conflicto de intereses bastante complicado también. 

La MIO también ha advertido sobre falta de transparencia.

El Consejo no quería poner en acceso público los expedientes de todas las personas que participan. ¿Cómo los medios de comunicación y la ciudadanía podían hacer un control? Tuvo que venir un tribunal, ante un requerimiento de transparencia, a ordenar la colocación en la página web del CPCCS. Todas esas razones llevarían, en principio, a decir: hay un problema que daña la credibilidad del proceso y va a dañar la credibilidad de quien sea electo eventualmente. Lo lógico en ese caso es retrotraer todo al momento en que se dicte nuevamente un reglamento, ojalá con mejores estándares. La otra opción es un saneamiento del proceso. Significa revisar lo que está mal y corregirlo.

¿En qué podría cambiar la situación si el mismo CPCCS estaría a cargo?

El Consejo, desde luego, podría tratar de enmendar el rumbo. Dictar un reglamento que se ajuste a los estándares y supervigilando activamente. En noviembre hay elecciones. La ciudadanía, con razón, podría decir: no vamos a reelegir a ninguno de los actuales miembros. En un sistema democrático lo lógico es que la ciudadanía, si considera que han hecho mal su trabajo, no los reelija y busque y elija a otras personas que se comprometan a actuar.

Otra vez el proceso está parado. ¿Ven intereses políticos en esto?

Nosotros no podemos suponer intereses. Más bien la pregunta que debería hacerse la ciudadanía es: ¿a quién beneficia esto? El fiscal encargado permanece indefinidamente porque no hay un plazo. Sobre esto: ¿le beneficia a él? En alguna medida puede ser que sí, si es que quiere quedarse. ¿A quién beneficia que el fiscal general encargado se quede? 

Hágase esa pregunta y eso eventualmente puede darle la respuesta. Lo que sí sabemos es que todo esto es negativo para la ciudadanía porque tienen una Fiscalía bajo un liderazgo encargado que le quita legitimidad y, por lo tanto, le quita fuerza para luchar en contra de la corrupción. En cambio aparece iniciando investigaciones aparentemente en contra de miembros de la Corte Constitucional, en contra de personas que eventualmente son opositores políticos del Gobierno y se dice que incluso estaría eventualmente iniciando investigaciones respecto de algunos medios de comunicación o periodistas.

La Asamblea Nacional tiene la potestad de ejercer la fiscalización, incluso un proceso de juicio político. No lo ha hecho. ¿Qué piensa sobre aquello?

No, sensación no. No sabría responderte el tema. Me parece que, si hay un mecanismo de control político, será de acuerdo con las reglas. Lo que sí parece evidente es que, cuando un órgano encargado de elegir altas autoridades tiene 60 nombramientos pendientes, algunos de sus integrantes salen de vacaciones y, en ocasiones, no se desarrollan las sesiones o se realizan de manera remota y no presencial, hay por lo menos un indicio de un cierto abandono de deberes.

"No tuvimos respuesta (del CPCCS). Nos quedamos sin contrastar nuestra visión con la de las autoridades"Jaime Arellano, MIO

Este ha sido un largo proceso con muchas polémicas. ¿Por qué llegan a este punto?

Fundamentalmente porque hemos visto una demora permanente. A esta altura uno empieza a preguntarse: ¿a quién le conviene y por qué se demora? Llega un momento en que la ciudadanía está siendo perjudicada porque hay una Fiscalía que está debilitada al tener a un encargado y no a un titular durante tanto tiempo. Por otro lado, la persecución penal del crimen se debilita también. Esto porque la persona que está encargada hoy en día ha llegado por casualidad pero no necesariamente por un concurso con criterio técnico.