Misión de Observación plantea que concurso para fiscal regrese hasta la elaboración del reglamento

La Misión Internacional de Observación sobre la Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia de Ecuador (MIO) advirtió sobre graves cuestionamientos en el desarrollo del concurso para designar al nuevo fiscal general.

La MIO es una iniciativa técnica, independiente y especializada, pensada para acompañar de forma imparcial los procesos de selección de autoridades del sistema de justicia en Ecuador. Se conformó en 2023 y, en julio de 2025, llegó por segunda vez al país.

Hasta el momento, cuenta con un informe preliminar sobre los hallazgos del proceso, que acumula poco más de un año de retraso. 

Jaime Arellano, secretario ejecutivo de la MIO, hizo una revelación importante: el equipo solicitó un encuentro con los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y con los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección, pero ninguna de las dos instancias clave del proceso respondió al llamado.

“No tuvimos respuesta lamentablemente en las dos visitas que hemos tenido. En agosto del año pasado no estaba aún la Comisión Ciudadana pero si el CPCCS”, señaló Arellano. Agregó que sí se reunió con exintegrantes de la comisión y con organizaciones de la sociedad civil.

¿Cuáles son los principales hallazgos de la Misión?

El primero tiene que ver con la falta de una reglamentación permanente para el concurso. “La reglamentación del concurso observado es usualmente aprobada para cada ocasión por el CPCCS. Esto facilita que la regulación se diseñe al servicio de intereses ajenos a la calidad de la selección”, señala el informe preliminar.

El segundo hace referencia al perfil y la selección inadecuados de la Comisión Ciudadana de Selección. “La selección del titular de la Fiscalía General del Estado es una labor técnica compleja que requiere conocimiento y/o experiencia sobre el sistema de justicia penal”, indica la MIO.

En materia de transparencia, motivación, rendición de cuentas y participación ciudadana, la Misión sostiene que persisten deficiencias en la disponibilidad, oportunidad, accesibilidad y suficiencia de la información pública.

En ese escenario, la MIO planteó: “Las irregularidades mencionadas podrían aconsejar anular el proceso y retrotraerlo a su inicio. 

Sin embargo, todo escenario que implique que continúe por más tiempo en el puesto de Fiscal General una persona en calidad de encargado deslegitima y daña la confiabilidad del cargo, pone en riesgo su actuar de manera imparcial e independiente, condiciona la cooperación internacional, y arrastra a la institución, al sistema de justicia y al Estado ecuatoriano a esa misma deslegitimidad y falta de confianza”.

Arellano señaló que, si bien el concurso no podría arrancar de cero, una de las opciones sería retrotraerlo hasta la etapa de elaboración del reglamento, con el fin de establecer directrices claras que guíen el proceso.

Otra posibilidad para salvar el concurso, según la MIO, sería sanear las irregularidades. “En caso de que no se anule y retrotraiga el proceso a la emisión del reglamento respectivo, se requiere su saneamiento, para garantizar el pleno respeto de los estándares internacionales aplicables”, establece el informe de la Misión.