Tres porrazos del Gobierno que desviaron la atención de lo también relevante

Coincidencia o no, lo cierto es que la semana anterior se produjeron tres hechos muy potentes mediáticamente que redujeron a un segundo plano en la opinión pública temas incómodos para el Gobierno. Esto, de cara a las elecciones de autoridades municipales y provinciales que se realizarán en noviembre y que son consideradas como un termómetro de la popularidad del Gobierno.

Entre esos temas está el del escandaloso robo en el caso Progen, la inseguridad ciudadana, que sigue tan fuerte como antes en el país, y la escasez de medicinas, a pesar de los anuncios oficiales de que se las van a traer de la India. Estos tres temas, entre otros que han sido menos mediatizados, como el posible advenimiento de más apagones, han sido desplazados de la atención ciudadana por tres hechos: la llegada de José Serrano, deportado por el Gobierno de los EE. UU., y los fallos judiciales en dos casos: uno que ya es histórico y que se viene arrastrando desde hace años, como es Sinohydro; y el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien ha sido particularmente mal tratado durante el proceso por interés del Gobierno de Daniel Noboa.

El efecto José Serrano

Sin duda, el hecho que con mayor potencia se instaló en la conversación pública y opacó cualquier otro que pueda resultarle incómodo al Gobierno durante los últimos días de la semana anterior y, particularmente, el fin de semana, fue el de la llegada de José Serrano, exministro de Seguridad del Gobierno de Rafael Correa. Serrano fue deportado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, donde estaba en prisión por no cumplir con las normas de migración en ese país. Serrano es visto por la opinión pública como el arquitecto de todo un sistema de terror, amedrentamiento y persecución política que reinó durante el Gobierno de Rafael Correa, y era requerido por la justicia ecuatoriana porque está sindicado como uno de los posibles autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

Luego están otras dos noticias que han ayudado a ocultar los problemas que ponen aún en más riesgo la popularidad del Gobierno: las definiciones judiciales en el caso Sinohydro y el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Si bien en el primer caso no ha sido evidente que el Gobierno haya estado presionando a la justicia para que condene al exvicepresidente Lenín Moreno y otras personas por cohecho, lo cierto es que el aparato de comunicación del régimen ha posicionado ese caso como un supuesto resultado de su decisión de combatir la corrupción, aunque los dos mayores gestores de la construcción de la presa hidroeléctrica Coca Codo hayan quedado por fuera del juicio: Rafael Correa y Jorge Glas.

El caso de Aquiles Álvarez, si bien también copó la atención de parte de la población, es distinto al de Sinohydro: en él sí ha sido evidente y notorio el trabajo de los operadores del Gobierno por acorralar a Álvarez, usando su poder en la Fiscalía y en el sistema de justicia. En este caso, el sistema de comunicación del régimen también hizo todo lo posible por posicionar la idea de que el Gobierno está luchando en contra de la corrupción. Además, claro, de algo que es obvio: sacando del medio a Álvarez, crecen las posibilidades de que un candidato oficialista pueda ganar las elecciones para la Alcaldía de Guayaquil.

¿Cuál es el tema que el Gobierno más necesita tapar?

¿Pero cuál es el tema que el Gobierno más necesitaba que se tape con estos tres golpes comunicacionales? Sin duda, más que el de la falta de medicinas y el de la inseguridad, es el de Progen. ¿Por qué? Porque en los últimos días ese asunto se le ha complicado al Gobierno. Por un lado está lo penal: inicialmente la Fiscalía había procesado a 21 personas por presunto peculado y ordenado prisión preventiva para 19. Pero el 24 de agosto ocurrió algo incómodo para Carondelet: la Fiscalía vinculó a 10 personas adicionales, por lo que ahora hay 31 procesados. Esa vinculación, además, extendió por 30 días la instrucción fiscal.

En esa ampliación entraron dos personajes (que inexplicablemente no habían sido sindicados) muy sensibles para las evidentes intenciones del Gobierno de proteger a los más altos funcionarios, que son el ministro de Energía, Roberto Luque, y la exministra Inés Manzano: José Manuel de Oliveira Allu y Peter Dreher Pozo. El primero fue coordinador general jurídico del Ministerio de Energía y posteriormente asesor de Roberto Luque. Está fuera del país y se solicitó prisión preventiva y localización internacional. Dreher fue asesor del Ministerio de Energía durante la gestión de Roberto Luque. También está fuera de Ecuador. Según la Fiscalía, tuvo participación en el proceso relacionado con la compra de los generadores y llegó incluso a viajar a Estados Unidos invitado por Progen para conocer sus instalaciones.

La tarea del oficialismo de proteger a los ministros

Pero esto no es todo: en la Asamblea se aprobó algo escandaloso que, si no hubiera sido por lo de Serrano, estaría incendiando las redes sociales: el Pleno aprobó, con 80 votos a favor, 63 en contra y tres abstenciones, el informe de fiscalización sobre Progen y Austral Technical Management. Ahí se descarta responsabilidad política de los ministros del Gobierno de Noboa. La Comisión de Transparencia, presidida por la oficialista Diana Jácome, había sostenido que la Contraloría no encontró responsabilidades en los ministros.

Es decir, el frente político del caso Progen acaba de recibir un importante alivio para el Gobierno, que habría sido impensable conseguir sin que el tema de Serrano hubiera estado en el candelero. Si no hubiera sido por la llegada de Serrano, que se tomó todos los espacios públicos de comunicación, la tarea de la Asamblea de proteger a los ministros del Gobierno hubiera sido impensable.