Técnicos acusados en caso Progen: “Nos dieron hasta el link para bajar información del estudio”

Los cuatro integrantes de la comisión técnica de estudio de mercado del denominado caso Progen rompieron el silencio. Mediante un comunicado público, los funcionarios procesados dentro del llamado “caso Apagón” cuestionaron la decisión judicial que ordenó prisión preventiva en su contra y aseguraron que sus funciones dentro del proceso contractual eran exclusivamente técnicas y referenciales.

Javier Lasluiza Navarrete, Romel Patricio Llumiquinga Llumiquinga, Marcos Vinicio Poma Jumbo y Marco Antonio Chicaiza Santos sostienen que la Fiscalía construyó una teoría penal que, según ellos, mezcla responsabilidades administrativas, financieras y contractuales que no les correspondían dentro del proceso investigado.

En el documento, difundido este fin de semana, los procesados señalan que durante la audiencia de formulación de cargos no se demostró cómo su actuación encajaría en el delito de peculado ni cómo podrían ser considerados autores directos. También afirman que la acusación se sustentó en “afirmaciones generales y expansivas” que desconocen el funcionamiento de una comisión de estudio de mercado en los procesos de contratación pública.

En una parte del comunicado se lee: “Una comisión de estudio de mercado tiene una función estrictamente técnica y referencial: recopilar información de mercado, levantar referencias económicas y determinar valores estimados para una eventual contratación. No adjudica contratos. No autoriza pagos. No administra recursos públicos. No aprueba desembolsos. No maneja anticipos. No ejecuta contratos. No fiscaliza pagos. No recibe bienes”.

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"No se siguieron los parámetros normales"

Pero, los integrantes de esa comisión denunciaron algo aún más importante: “En el caso que nos ocupa es importante denotar que se nos dispuso desde el tiempo hasta el link de donde debíamos bajarnos la información para el estudio, es decir no se siguieron los parámetros normales para una contratación pública; sin embargo, nada de esto fue tomado en consideración por el juzgador”. 

El pronunciamiento aparece luego de que el juez Vinicio Rodríguez acogiera el pedido de Fiscalía y dictara prisión preventiva contra 19 de los 21 procesados en la investigación relacionada con la contratación de generación eléctrica en medio de la crisis energética. 

Entre los vinculados figuran técnicos y mandos medios de Celec, así como el exministro de Energía Antonio Gonçalves y el exgerente de Celec Fabián Calero.

En el comunicado, los cuatro funcionarios también cuestionan el uso de la prisión preventiva. Argumentan que durante toda la investigación comparecieron ante las autoridades y mantuvieron arraigo laboral, familiar y domiciliario verificable. Añaden que el derecho penal ecuatoriano exige responsabilidades individualizadas y no permite establecer responsabilidades automáticas por pertenecer a una comisión técnica.

Los procesados aseguran además que llevan cerca de veinte años trabajando en Celec EP y que nunca antes estuvieron involucrados en investigaciones penales. En esa línea, remarcan el impacto personal y familiar que implica la medida cautelar dictada en su contra.

El documento concluye con una defensa de sus actuaciones dentro del proceso contractual y con la expectativa de que, durante la instrucción fiscal, se analice de manera individual la participación de cada funcionario involucrado en el caso.