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Caso Progen: Antonio Gonçalves califica de ilegal su prisión preventiva
El exfuncionario argumenta que carece de vinculación económica en las compras de emergencia y advierte acciones legales a nivel internacional
Antonio Gonçalves fue ministro de Energía en el primer periodo del presidente Daniel Noboa.
El exministro de Energía, Antonio Gonçalves, rechazó la orden de prisión preventiva dictada en su contra por el presunto delito de peculado dentro del caso denominado Progen. A través de un documento público difundido este viernes 22 de mayo por su abogado defensor, Leonardo Stagg, el exfuncionario calificó la resolución del conjuez Marco Vinicio Rodríguez Mongón como una decisión inmotivada que carece de pruebas individualizadas.
Cuestionamientos a la imputación fiscal
La postura de Gonçalves surge tras la disposición judicial que ordenó su privación de la libertad, junto al exgerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), Fabián Calero, y 15 técnicos de la entidad. La Fiscalía General del Estado investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la provisión de generación térmica durante la crisis energética.
El exministro argumentó que durante los tres meses que ocupó la titularidad del Ministerio de Energía y Minas no emitió ninguna instrucción, pago, beneficio económico o disposición de fondos a favor de la compañía investigada. Según detalló en su carta, la formulación de cargos se sostiene únicamente en el hecho de haber ocupado el cargo temporalmente.
"Bajo esa peligrosa lógica, bastaría ejercer una función pública para terminar criminalizado, aun sin pruebas", detalló Gonçalves. Añadió que la resolución refleja una falta de rigor jurídico y ética institucional al admitir elementos de convicción que no vinculan directamente su accionar administrativo con el delito imputado.
Leonardo Stagg es abogado del exministro de Energía, Antonio Gonçalves.
En el texto, el exfuncionario apuntó contra la estructura de la investigación liderada por el fiscal encargado, Carlos Alarcón. Gonçalves cuestionó que, mientras Celec EP manejaba directamente los contratos investigados a través de su Gerencia General por contar con autonomía administrativa y financiera, la Fiscalía omitió formular cargos contra funcionarios encargados de la recepción y certificación de los contratos.
Asimismo, reclamó que no se incluyera en el proceso a los representantes de Progen en Ecuador y Estados Unidos. Frente a este escenario, Gonçalves anunció que ejecutará las siguientes medidas legales:
- Emprender actuaciones ante autoridades de los Estados Unidos de América para defender su libertad.
- Solicitar investigaciones internacionales para determinar la trazabilidad exacta de los fondos transferidos por el Estado ecuatoriano.
- Identificar quién o quiénes recibieron los recursos y exigir que los verdaderos responsables respondan ante la justicia.
La orden de prisión del conjuez Rodríguez incluye además a técnicos de Celec que, en septiembre de 2024, elaboraron informes advirtiendo sobre el mal estado de los equipos que la institución pretendía adquirir a la firma extranjera, algunos de los cuales se encuentran actualmente bajo el programa de protección de víctimas y testigos.
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