Fiscalía llama a declarar a Roberto Luque mientras concentra la investigación en Celec

La Fiscalía General del Estado pidió al ministro Roberto Luque Nuques que comparezca el próximo 24 de junio de 2026 para rendir una ampliación de versión libre, voluntaria y sin juramento dentro de la investigación por peculado relacionada con los dos de los tres contratos de generación eléctrica adjudicados a Progen en Ecuador.

La diligencia se realizará a las 15:30 en el despacho de la Fiscalía 4 de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, en Quito.

La convocatoria se da luego de que el abogado de Luque, Anibal Quinde, dio una rueda de prensa para asegurar que la Fiscalía "quería la cabeza" de su cliente, pues eso afirmó el procesado Celso Sánchez en su versión. Y apartir de allí el defensor sostiene que huno un complot para incriminarlo en el caso, sin que haya presentado una denuncia. Un relato que el propio abogado de Sánchez, Edwin Romero, no ha querido explicar ni dar detalles. 

La investigación apunta principalmente a Celec

Aunque el caso Progen involucra a decisiones tomadas en el más alto nivel del sector energético, la Fiscalía concentra su investigación un periodo de tiempo, desde finales de junio de 2024, que coincide con la salida de Luque del Ministerio de Energía y con a los procesos precontractuales, formales, llevados en Celec y Termopichincha. No investiga la relación de Progen con funcionarios del Ministerio de Energía, que se remontan a abril de 2024.

A través de un impulso, la Fiscalía ordenó nuevas pericias, pidió información a instituciones públicas, incorporó documentación nacional e internacional y fijó varias versiones de funcionarios y personas relacionadas con la ejecución de los contratos.

A Celec le pidió documentación relacionada con los contratos, los pagos efectuados, los informes de cumplimiento, los hitos contractuales y la participación de distintos funcionarios en la ejecución de los proyectos.

La Fiscalía también requirió registros de visitas, bitácoras de ingreso, agendas de reuniones con Progen, documentación administrativa y manuales de funciones. Sin embargo, no ha pedido las reuniones de Progen con funcionarios del Ministerio de Energía.

Además, solicitó información específica sobre el papel de AP Inspections, la empresa verificadora que intervino en las inspecciones de los equipos vendidos por Progen. Y que fue contratada, por medio de correos electrónicos por los administradores de los contratos, quienes tampoco ha sido procesados.

Poco requerimiento directo al Ministerio de Energía

En contraste, las actuaciones dirigidas específicamente al Ministerio de Energía son limitadas.

Dentro del impulso fiscal, la principal solicitud consiste en que el Ministerio identifique las plataformas digitales utilizadas desde noviembre de 2023, detalle los sistemas de comunicación institucional, informe quiénes son los responsables de la preservación de la información y precise la ubicación física de los servidores donde se almacena la documentación.

Previamente, la Fiscalía había solicitado al Ministerio todos los documentos que el excoordinador Jurídico, José Manuel de Oliveira, firmó sobre las contrataciones en Salitral y Quevedo. Sin embargo, son justas estos contratos donde él ya no firmó nada. En donde sí consignó su firma fue en el proceso de contratación para la central de Catamayo, un caso que la Fiscalía lo ha dejado fuera de esta investigación.

La diferencia resulta llamativa frente al volumen de requerimientos dirigidos a Celec y sus funcionarios, pese a que el Ministerio ejercía la rectoría del sector eléctrico durante el período investigado y pese a que Luque firmó un memorando en el que dispuso que todos los procesos de contratación hechos por empresas eléctricas, incluidas Celec y CNEL, debían ser informadas y aprobadas por su coordinador jurídico, José Manuel de Oliveira, quien tampoco está imputado.

La Fiscalía recibió información desde Estados Unidos

Uno de los aspectos más relevantes del impulso fiscal es la incorporación de información remitida por autoridades de Estados Unidos.

La Fiscalía dispuso el ingreso bajo cadena de custodia de documentación enviada por el Departamento de Justicia estadounidense y ordenó su incorporación formal al expediente.

Entre los requerimientos constan:

Correos, Teams y plataformas corporativas bajo análisis

La Fiscalía también avanza sobre la evidencia digital; pese a que el caso tiene más de un año de investigación recién solicitó autorización judicial que permita acceder, preservar y analizar información contenida en:

La medida alcanza a varios funcionarios y exfuncionarios vinculados con la contratación, supervisión y ejecución de los proyectos investigados.

Correos y archivos digitales