Fiscalía defiende vinculación de los familiares de Aquiles Álvarez: qué dijo
Fiscalía ratificó que supuestamente existen movimientos societarios que justifican la inclusión de la esposa y la madre del alcalde de Guayaquil en el proceso
La Revolución Ciudadana presentó una acción de inconstitucionalidad contra la designación de Carlos Alarcón como fiscal subrogante.
Lo que debes saber
- vinculación: La Fiscalía sostiene que existen movimientos societarios y operaciones económicas que involucran directamente al entorno familiar del alcalde en la presunta red de combustible.
- Rechazo: El equipo legal de Álvarez califica la medida como una estrategia de presión política y asegura que las actividades comerciales investigadas operan bajo la legalidad.
La Fiscalía General del Estado sostuvo la necesidad de vincular a Fiorella Icaza y Gioconda María Henriques, esposa y madre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al proceso penal denominado caso Goleada.
Durante la audiencia de vinculación, la institución presentará los argumentos para incorporar a ambas en la investigación que rastrea una presunta red de delincuencia organizada para comercialización de combustibles subsidiados. Sin embargo, según el fiscal encargado, Carlos Alarcón, hay evidencias nuevas de un presunto delito.
Argumentos sobre movimientos societarios
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La teoría del Ministerio Público señala que la investigación detectó operaciones económicas y vínculos dentro de la estructura empresarial que serían sospechosos. El fiscal Alarcón precisó que el pedido de vinculación surge tras el hallazgo de nuevos elementos durante la instrucción fiscal y supuestamente no trabaja bajo una motivación de persecución política.
Sin embargo, Alarcón está en el concurso para ser Fiscal General del Estado y su primer acto al llegar a la Fiscalía General fue archivar una investigación, 46 días después de la denuncia, contra el presidente Daniel Noboa; recientemente, además, asistió a un operativo en CNEL junto con el presindente.
Postura de la defensa y el alcalde
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La defensa técnica de Aquiles Álvarez rechazó la solicitud fiscal y calificó la medida como una estrategia de presión mediática y política. Los abogados aseguraron que las actividades económicas bajo la lupa son legales y que los elementos presentados carecen de sustento para procesar a Icaza y Henriques. El alcalde, por su parte, manifestó de forma pública que estas acciones judiciales intentan afectar su imagen y negó la existencia de una estructura delictiva dedicada al tráfico de diésel.
Alcance de la investigación fiscal
El caso Goleada examina una presunta red criminal sobre la comercialización de combustibles con subsidio estatal y si este llegó a segmentos no autorizados o si se utilizó para fines distintos a los permitidos por la ley. La causa comparte empresas y hechos concretos que ya fueron investigados en el caso Triple A.
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La Fiscalía sostiene que existió una estructura criminal organizada encabezada por los hermanos Álvarez para:
Justicia
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- Desviar combustible subsidiado,
- Venderlo ilegalmente,
- Introducir ganancias ilícitas al sistema financiero,
- Ocultar operaciones mediante empresas relacionadas.
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Esta causa se enfoca principalmente en:
- Almacenamiento, transporte, distribución, y comercialización ilegal de combustibles subsidiados.
- Desvío de diésel subsidiado hacia: segmentos no autorizados, zonas fronterizas, depósitos industriales, y embarcaciones internacionales.
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