Defensa de Aquiles Álvarez denunciará a jueza por presunto prevaricato y advierte sobre cirugía
Los abogados del alcalde de Guayaquil cuestionan la decisión que negó su solicitud de caución. Además, aseguran que el funcionario necesita una operación

Defensa de Aquiles Álvarez denunciará a jueza tras rechazo de caución en el caso Grillete.
Lo que debes saber
- Defensa de Aquiles Álvarez denunciará a jueza tras rechazo de caución en el caso Grillete.
- Abogados aseguran que Álvarez necesita cirugía de vesícula mientras permanece detenido.
- La defensa acusa presuntas irregularidades judiciales y anuncia nuevas acciones legales.
La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que presentará una denuncia por presunto prevaricato contra la jueza que rechazó el pedido de caución planteado dentro del caso Grillete.
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El anuncio fue realizado este 15 de junio durante una rueda de prensa en la que los abogados abordaron tanto la situación jurídica como el estado de salud del alcalde, quien permanece recluido en el Centro de Privación de Libertad El Encuentro, en la provincia de Santa Elena.
Julio César Cueva, integrante del equipo legal, sostuvo que durante la audiencia la magistrada reconoció que Álvarez cumplía con los requisitos previstos en la normativa para acceder a una caución y que no estaba comprendido en las prohibiciones legales para recibir ese beneficio. Sin embargo, señaló que la solicitud fue rechazada.
“Consideramos que se ha violentado la ley y presumimos que existe una actuación contraria a la norma”, manifestó el abogado al anunciar que impulsarán una denuncia penal para que se investigue la actuación de la jueza.
Abogados sostienen que la resolución se apartó de la ley
Según Cueva, la defensa considera que la decisión judicial no se ajustó a lo establecido en la legislación vigente, por lo que buscarán que las autoridades competentes revisen las circunstancias en las que fue adoptada.
El jurista también indicó que la etapa de instrucción fiscal dentro del caso Grillete concluyó recientemente y señaló que esperan conocer cuál será la posición de la Fiscalía en la siguiente fase del proceso.
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Abogados aseguran que Álvarez necesita cirugía de vesícula mientras permanece detenido.
Defensa insiste en que existe una motivación política
Durante la comparecencia, otro de los abogados de Álvarez, David Norero, reiteró la postura de la defensa respecto a que los procesos judiciales contra el alcalde tendrían una motivación política.
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De acuerdo con el jurista, ese argumento también será expuesto dentro del procedimiento de remoción que actualmente se tramita en el Concejo Cantonal de Guayaquil.
Por otra parte, la defensa cuestionó varios de los elementos incorporados por la Fiscalía en el caso Triple A. El abogado Ramiro García indicó que, durante la etapa de juzgamiento, se han identificado inconsistencias en una de las pericias financieras utilizadas para sustentar un presunto perjuicio económico a Petroecuador.
Según explicó, la perito habría reconocido que parte de la información empleada provino del Servicio de Rentas Internas, sin que se hayan realizado procesos independientes de validación. Asimismo, señaló que en su testimonio evidenció limitaciones en el conocimiento de aspectos clave del mercado ecuatoriano de combustibles.
En ese contexto, García cuestionó la hipótesis de la acusación fiscal, al señalar que resulta inviable que determinadas empresas hayan comercializado volúmenes de combustible superiores a los adquiridos, argumentando que Petroecuador es el único proveedor de este recurso en el país y que no existen fuentes alternativas de abastecimiento.
Alertan sobre el estado de salud del alcalde
Además de los cuestionamientos jurídicos, la defensa expresó preocupación por la condición médica del alcalde.
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Norero aseguró que Álvarez presenta dos cálculos en la vesícula y que requiere una intervención quirúrgica urgente. Según explicó, cuentan con exámenes médicos realizados antes de su detención que respaldarían ese diagnóstico. También advirtió sobre posibles complicaciones si no recibe atención especializada.
“Tiene que ser operado”, afirmó el abogado, quien además responsabilizó al Estado por cualquier eventual deterioro en la salud del funcionario mientras permanezca bajo custodia.