Corte Constitucional ordena a la Fiscalía nuevas investigaciones por el caso Gabela
La CC hizo el seguimiento a la sentencia del 2023, en donde ordenaba entregar información sobre la comparecencia de Gabela en Comisión de Fiscalización de 2010

Patricia Ochoa, esposa del general Jorge Gabela, busca justicia y que se esclarezca el crimen del oficial que expuso las irregularidades en la compra de los helicópteros Dhruv
Lo que debes saber
- Corte Constitucional ordena a Fiscalía investigar manejo de audio y video de sesión de Fiscalización de 2010.
- Seguimiento del 24 de marzo por caso Gabela: buscan esclarecer presunta violación al acceso a información pública.
- Investigación apunta a exasambleístas y funcionarios por pérdida de registros sobre denuncias por helicópteros Dhruv.
La Corte Constitucional (CC) dispuso a la Fiscalía General del Estado que realice investigaciones adicionales en el caso Gabela “por el inadecuado manejo y custodia del respaldo de una sesión” de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de 2010, en la que compareció el general Jorge Gabela, para exponer las presuntas irregularidades en la compra de los helicópteros Dhruv.
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El máximo Tribunal dio esa orden en el auto de la fase de seguimiento emitido el pasado 24 de marzo.
El documento recopila el proceso de verificación de la sentencia del caso 2366-18-EP que emitió la Corte el 9 de febrero de 2023. En ese fallo determinó que se violó el derecho de acceso a la información pública de Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, al informe pericial conocido como “tercer producto”, el cual fue elaborado por el perito argentino, Roberto Meza.
Además, entre otras medidas, ordenó a la Fiscalía y a la Contraloría que investiguen a los exfuncionarios del anterior Ministerio de Justicia, que estuvieron encargados del manejo del informe del Comité Interinstitucional y de los que efectuaron la contratación de la consultoría para que Meza investigue la muerte de Gabela, quien fue asesinado en su casa en diciembre de 2010.
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Procesos contra funcionarios caducaron
Sin embargo, en el seguimiento la CC dice que algunas medidas se cumplieron. Sobre la investigación de Fiscalía, señala que solo "actualizó el número de diligencias fiscales realizadas sin proporcionar
mayor información sobre el estado investigativo" de los funcionarios.
Mientras que la Contraloría estableció responsabilidades administrativas en contra de cinco funcionarios públicos: Cristina Sofía
Calvopiña García y Gabriela Verónica Espinoza Cabezas, coordinadoras de Asesoría Jurídica; Lenin José Lara Rivadeneira, exministro de Justicia y Geovanna del Rocío Palacios Torres, secretaria general. No obstante, se declaró la caducidad del proceso de esos funcionarios porque habría expirado el plazo que tenía la entidad de control para establecer la responsabilidad civil culposa de los servidores.
Por ese motivo solo se confirmó la culpabilidad del quinto funcionario Luis Miguel Mendoza Jiménez, quien laboraba como asistente de la Secretaría General.
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Respaldo de comparecencia de Gabela desapareció
La Corte también señaló que el Legislativo manifestó no contar con la información de la comparecencia de Gabela en la Comisión de Fiscalización y, en consecuencia, "es fácticamente imposible de cumplir" porque no se encontraron los inventarios de ese material en la Asamblea Nacional.
Corte pide investigar a asambleístas
Según la Corte, la “falta de entrega del audio y video de la sesión tiene relación con un presunto acto ilícito imputable a quienes conformaron la Comisión”. Por ese motivo, ordenó que Fiscalía los investigue porque Fiscalización “estaba obligada al manejo y custodia del respaldo de aquella sesión con mayor motivo teniendo en cuenta que esa fue la primera comparecencia del general Gabela para acusar de presuntas irregularidades y corrupción en la compra de los helicópteros Dhruv".
De acuerdo con la CC, la medida de investigar penalmente a los exfuncionarios está en proceso, por lo que la Fiscalía deberá informar semestralmente al máximo Tribunal Constitucional sobre esas diligencias.
Para Ochoa, la entrega de esos documentos era clave, pues consideraba que podrían ayudar a aclarar el crimen de su esposo. La viuda ha cuestionado varias veces a la Fiscalía y temía que el caso sea archivado en 2025.
Las dudas obligaron al Ministerio Público a pronunciarse en agosto del año anterior para asegurar que "continúa ejecutando las diligencias para agotar las líneas de investigación".
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