La extradición de Hernán Luque reactiva el juicio por el caso Encuentro

La justicia de Argentina dio luz verde para el retorno de Hernán Luque Lecaro al país. El máximo tribunal de esa nación desestimó los recursos de apelación de la defensa y confirmó la sentencia de extradición emitida originalmente en 2024. Esta resolución permite que el Gobierno ecuatoriano retome el proceso penal contra el exfuncionario, cuya etapa de juicio permanece suspendida debido a su ausencia física.

Pasos finales para el traslado

Tras el fallo judicial, el expediente pasa ahora a manos del Ejecutivo argentino. El presidente Javier Milei debe firmar el decreto administrativo que autorice la entrega formal del procesado a las autoridades locales. Una vez cumplido este requisito, la Interpol y la Policía Nacional disponen de un plazo de hasta 30 días para coordinar el operativo de seguridad y trasladar a Luque Lecaro desde Buenos Aires hasta Quito bajo estricta custodia.

Reanudación de la etapa de juzgamiento

Al llegar a Ecuador, Luque Lecaro enfrentará de inmediato la audiencia de juicio. La Fiscalía General del Estado lo identifica como autor directo de una red que direccionó contratos en empresas públicas, principalmente en el sector eléctrico. El expediente contiene grabaciones que mencionan cuotas mensuales de dinero y documentos manuscritos hallados en sus antiguas oficinas que detallan la operación de la estructura criminal.

La dinámica de la red de corrupción

De acuerdo con la tesis fiscal, la organización estaba liderada por Danilo Carrera Drouet y el asesinado Rubén Cherres. La estructura aprovechó el cargo de Luque Lecaro en EMCO para gestionar nombramientos clave, como en la gerencia de CNEL. Este movimiento permitió coordinar con operadores externos el beneficio a contratistas específicas, entre ellas las procesadas Karen Cornejo y Ericka Farías.

La fiscalía sostiene que la influencia de este grupo no se limitó al sector eléctrico. Los líderes de la estructura también habrían intervenido en BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) para colocar a familiares en puestos estratégicos. El objetivo final era el enriquecimiento ilícito a través de delitos conexos como cohecho, peculado y lavado de activos.

Pruebas clave contra Luque Lecaro

El expediente cuenta con abundantes elementos de convicción que vinculan al exfuncionario con la trama. Entre las evidencias destacan informes periciales de audio y video con transcripciones que mencionan pagos mensuales de miles de dólares. Además, en una inspección a las oficinas de la Presidencia del Directorio de EMCO, la Policía halló documentos personales y anotaciones manuscritas que detallan cronogramas y nombres de otros implicados.

La defensa de Luque

Durante la etapa preparatoria de juicio, la defensa técnica de Hernán Luque Lecaro sostuvo que el proceso careció de sustento. El abogado Julio César Cueva afirmó que la Fiscalía no justificó los elementos del tipo penal de delincuencia organizada, pues no existieron evidencias de financiamiento, planificación o mandos jerárquicos dentro de la supuesta red de corrupción en las empresas públicas. 

Sobre el nombramiento de Antonio Icaza como gerente de CNEL EP, la defensa argumentó que Luque cumplió estrictamente la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Para el equipo legal, la teoría de la Fiscalía presentó una estructura "horizontal" donde todos aparecieron como jefes. El defensor señaló la ausencia de registros de comunicaciones, reuniones o contactos entre su cliente y otros procesados como Danilo Carrera o Rubén Cherres.