Caso Triple A: Aquiles Álvarez es declarado culpable por desvío de combustible subsidiado
La decisión fue adoptada por mayoría en el Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, mencionado en la investigación por presunto lavado de activos vinculada a una exreina.
Tras concluir la etapa de juicio y valorar las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas por las partes, el Tribunal de Garantías Penales especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado emitió su decisión oral dentro del denominado caso Triple A.
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La causa buscó determinar la existencia del delito de comercialización ilegal de hidrocarburos a gran escala, tipificado en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), así como la responsabilidad de 21 procesados y varias personas jurídicas vinculadas a la cadena de distribución de combustibles.
En su resolución de mayoría, el tribunal acogió la teoría presentada por la Fiscalía General del Estado y las acusaciones particulares, según la cual entre 2020 y 2024 se habría conformado una estructura empresarial destinada a desviar diésel subsidiado desde los segmentos automotriz y naviero nacional hacia los sectores industrial y naviero internacional, donde el combustible se comercializa sin subsidio estatal.
De acuerdo con la acusación, la operación estuvo articulada a través de las compañías Compañía de Petróleos y sus Derivados (Copepasa), Corpalub y Ternape, empresas que, según el fallo, se encontraban bajo la dirección, representación o control accionario de Aquiles David Álvarez Enríquez.
El papel atribuido a Aquiles Álvarez
La resolución identifica a Álvarez como autor directo del delito. Según el tribunal, el procesado utilizó su calidad de presidente, representante legal y accionista mayoritario de las empresas involucradas para estructurar y dirigir el esquema de desvío de combustible.
La decisión judicial sostiene que el funcionario suscribió personalmente contratos de abastecimiento y afiliación que le permitían acceder al combustible subsidiado distribuido por Petroecuador. Entre los documentos citados se encuentran los contratos TNA-2021-202, TNA-2020-208 y TNA-2021-203.
El tribunal destacó el testimonio de Lisette Delgado Mendoza, funcionaria de Petroecuador, quien certificó la firma de esos instrumentos por parte de Álvarez y recordó que dichos documentos establecían obligaciones para prevenir el desvío del producto.
A ello se sumaron informes documentales obtenidos de la Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas (SRI), los cuales, según la sentencia, demostraron que Álvarez mantenía simultáneamente el control de empresas que operaban en distintos segmentos del mercado de combustibles.
La resolución también otorgó relevancia a la declaración de José Ricardo Sevillano, gerente de Flopec, quien describió la dinámica interna de las compañías investigadas. Según el testigo, los hermanos Álvarez participaban activamente en el análisis de reportes de rentabilidad y tenían conocimiento de una práctica que internamente era denominada "el cambiazo".
Cómo operaba el presunto esquema
Según la reconstrucción de los hechos aceptada por el tribunal, las empresas involucradas solicitaban grandes volúmenes de diésel subsidiado a Petroecuador a través de estaciones de servicio y centros de distribución ubicados principalmente en zonas fronterizas y puertos marítimos.
Posteriormente, el combustible era presuntamente redireccionado hacia segmentos que no tenían derecho a subsidios. Para ello se habrían utilizado mecanismos como la facturación a usuarios inexistentes, el registro reiterado de una misma placa vehicular para justificar consumos imposibles, el uso de placas ficticias y operaciones comerciales entre empresas pertenecientes a segmentos incompatibles.
La sentencia describe que esta modalidad, conocida internamente como "el cambiazo", era complementada con registros tributarios que, según la Fiscalía, contenían información falsa destinada a otorgar apariencia de legalidad a las transacciones.
De acuerdo con las cifras presentadas durante el juicio, las acusaciones determinaron que la operación habría permitido la comercialización ilegal de más de 22,7 millones de galones de combustible, generando un perjuicio económico estimado en 61,5 millones de dólares para el Estado ecuatoriano.
Transferencias económicas y beneficio personal
Uno de los elementos que el tribunal consideró determinantes fueron los reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
La resolución señala que los registros financieros evidenciaron transferencias millonarias desde Corpalub, Copepasa y Ternape hacia cuentas personales de Aquiles Álvarez. Para los jueces, esos movimientos económicos constituyeron un indicio relevante de beneficio directo derivado de las actividades investigadas.
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