Caso Progen: Fiscalía busca vincular a 10 personas más por presunto peculado

La investigación por los contratos fallidos con Progen Industries LLC entró este lunes 24 de agosto en una nueva etapa. La Corte Nacional de Justicia instaló la audiencia en la que la Fiscalía busca vincular a 10 personas más al denominado caso Apagón (caso Progen), que investiga un presunto peculado relacionado con la contratación de generación eléctrica durante la crisis energética.

La diligencia comenzó pasadas las 14:00, una vez constatada la presencia de los investigados y sus defensas. Con estas nuevas vinculaciones, el proceso pasaría de 21 a 31 procesados. La Fiscalía investiga un presunto perjuicio de alrededor de 104 millones de dólares relacionado con los contratos suscritos entre Celec y Progen para las centrales de El Salitral y Quevedo.

Entre las personas que Fiscalía busca incorporar al proceso están José Manuel de Oliveira, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía durante la gestión de Roberto Luque, y Peter Dreher, exasesor de esa cartera de Estado.

Ambos ya aparecen mencionados en la versión que Fabián Calero, exgerente de Celec y exviceministro de Energía, entregó a Fiscalía y que fue revelada por EXPRESO. En su relato, Calero reconstruye una estructura de funcionarios que llegó a cargos estratégicos durante la gestión de Luque y que, según su versión, permaneció en distintas posiciones después de su salida del Ministerio.

De Oliveira y Dreher, entre los nuevos investigados

La lista de 10 personas cuya vinculación solicitó Fiscalía incluye además a los administradores de los contratos de Progen y a exfuncionarios y trabajadores relacionados con Celec y Termopichincha. Según Fiscalía, durante la instrucción aparecieron nuevos elementos que hacen presumir su posible participación en los hechos investigados.

La audiencia también estuvo marcada por pedidos de las defensas antes de su instalación.

De Oliveira solicitó que la diligencia fuera diferida durante 24 horas debido a que su abogado se encontraba fuera del país. El juez Rodrigo Sarango rechazó el pedido y dispuso la intervención de un defensor público.

Peter Dreher también solicitó tiempo adicional después de informar que había cambiado de abogados para esta audiencia. El magistrado tampoco aceptó su solicitud.

Tras resolver esos pedidos, la audiencia quedó instalada y Fiscalía inició la exposición de los elementos con los que pretende sustentar las nuevas vinculaciones.

La investigación por los contratos de Progen

El caso se originó por los contratos que Celec suscribió con Progen en agosto de 2024 para instalar dos centrales de generación térmica destinadas a enfrentar la crisis eléctrica.

Las plantas debían entrar en funcionamiento a finales de ese año, pero no operaron como estaba previsto. Dentro del expediente, Fiscalía ha señalado presuntas irregularidades en las distintas etapas de contratación y ejecución de los proyectos.

La investigación arrancó formalmente contra 21 personas, entre ellas el exministro de Energía Antonio Goncalves, el exgerente de Celec Fabián Calero, funcionarios y técnicos relacionados con la contratación, además de representantes de Progen.

Ahora, la audiencia de este lunes amplía el foco hacia otros funcionarios y asesores que estuvieron relacionados con las decisiones adoptadas alrededor de los contratos.

La vinculación tiene además un efecto sobre los tiempos de la investigación: la instrucción fiscal se extenderá 30 días, periodo en el que Fiscalía podrá continuar incorporando elementos de convicción y las defensas podrán presentar sus descargos.

Fiscalía apunta a la intermediación de De Oliveira en los contratos de Progen

Durante la audiencia de vinculación, la Fiscalía puso el foco sobre el papel que habrían desempeñado José Manuel de Oliveira Allu, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, y Peter Christian Dreher Pozo, exasesor de esa cartera, durante la gestión del entonces ministro Roberto Luque.

El fiscal Leonardo Alarcón sostuvo que ambos habrían ejecutado acciones u omitido controles que facilitaron el camino para la adjudicación de los contratos con Progen, investigados por un presunto perjuicio al Estado de $ 104,4 millones.

En el caso de De Oliveira, Fiscalía señaló que ocupó la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Energía entre el 23 de abril y el 2 de diciembre de 2024. Precisamente el día en que inició sus funciones, Luque emitió un memorando que disponía que los procesos de contratación pública relacionados con la emergencia eléctrica debían ser comunicados y coordinados previamente con esa dependencia para su análisis y aprobación.

Según la exposición fiscal, las gestiones preliminares para los proyectos de Salitral, valorado en $ 99,4 millones, y Quevedo, por $ 49,7 millones, avanzaron con la elaboración de fichas técnicas, pliegos, términos de referencia y listas de proveedores sin que existiera todavía una declaratoria formal de emergencia emitida por la entidad contratante.

La Fiscalía sostiene que De Oliveira no habría advertido sobre estas circunstancias y que, además, participó en reuniones de Celec relacionadas con los procesos. También señaló que mantuvo contacto con Daniela Gordillo, entonces subgerente jurídica de la Unidad de Negocio Termopichincha, con quien habría mantenido reuniones para viabilizar prórrogas contractuales.

Para la Fiscalía, estas actuaciones muestran que De Oliveira realizó un seguimiento a los contratos desde su posición en el Ministerio de Energía sin que exista, según la tesis expuesta por Fiscalía, un pronunciamiento suyo frente a las irregularidades que ahora forman parte de la investigación. 

Fiscalía señala irregularidades de los administradores de los contratos

La Fiscalía también puso bajo la lupa la actuación de los cuatro administradores de los contratos de Salitral y Quevedo. Según el fiscal Leonardo Alarcón, los técnicos habrían incumplido cláusulas contractuales y normas de control que terminaron facilitando desembolsos pese a las alertas sobre los generadores. En Salitral, Luis Ugsha habría omitido advertir retrasos en la protocolización del contrato, la falta de domiciliación de Progen en Ecuador y la participación de Astrobryxa en obras civiles sin autorización de Celec.

Su sucesor, Marlon Casilla, es señalado por certificar el cumplimiento del denominado “Hito Uno” sin comprobar que los 29 generadores cumplieran las especificaciones técnicas. Fiscalía sostiene que el reporte utilizado para esa certificación no detallaba aspectos como autenticidad, novedad y números de serie, e incluso contenía fotografías de equipos fabricados en 2009, pese a que se exigían unidades nuevas de 2023 en adelante. A pesar de esas alertas, Casilla habría solicitado el desembolso de $ 69,9 millones en octubre de 2024.

En Quevedo, Fiscalía cuestionó las actuaciones de José Luis Sampietro y Marcos Guerrero. Al primero le atribuye haber concedido dos prórrogas que sumaron 35 días sin exigir documentación que justificara los retrasos alegados por Progen. Guerrero, en cambio, habría recomendado un contrato complementario cuando el plazo principal ya había vencido. Esa modificación permitió pagos prorrateados de $ 6,6 millones por cada inspección parcial y que los desembolsos alcanzaran el 70 % del contrato, pese a que, según la exposición fiscal, las unidades termoeléctricas continúan inoperativas.

(La diligencia continúa en la Corte Nacional de Justicia).