Caso Goleada: Fiscalía busca nueva fecha para continuar vinculación de esposa de Aquiles Álvarez
La audiencia se suspendió porque varias empresas no tenían representante legal ni abogado. Fiscalía intenta vincular a esposa y madre de Aquiles Álvarez
La Fiscalía busca retomar la audiencia para vincular a Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Álvarez, al caso Goleada.
Las claves que debes saber
- Fiscalía pide nueva audiencia por caso Goleada; busca vincular 5 personas y 9 empresas, tras suspensión el 14 de mayo en Quito.
- Incluyen a esposa y madre de Aquiles Álvarez; no comparecieron las compañías por falta de representantes legales habilitados.
- Investigación cambió a lavado de activos por dinero de combustible subsidiado ingresado al sistema financiero mediante empresas.
El caso Goleada aún no cierra el capítulo de las vinculaciones. Tras la suspensión de la audiencia en la madrugada del jueves, la Fiscalía solicitó la tarde del sábado 16 de mayo de 2026 que se señale una nueva fecha para reinstalar la diligencia y proseguir con el intento de incorporar a cinco personas y nueve empresas a la investigación.
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El requerimiento se presenta luego de que se cumpliera el plazo de 24 horas otorgado por el juez Jairo García a la Superintendencia de Compañías, para que entregue información relacionada con varias firmas involucradas en el proceso.
En la audiencia previa, algunas compañías no pudieron comparecer debido a que no contaban con representante legal habilitado ni defensa técnica.
¿A quién quiere vincular la Fiscalía?
Entre los nombres que el Ministerio Público busca vincular figuran Fiorella Icaza y Gioconda Henriques, esposa y madre del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. A ellas se suman nueve empresas que estarían relacionadas con las operaciones bajo investigación.
La audiencia del caso Goleada se realizó el 13 de mayo de 2026. EXPRESO siguió los detalles desde la oficina de Ramiro García, abogado del alcalde Aquiles Álvarez.
Fiscal cambió el delito que investiga en caso Goleada
La diligencia avanza en un contexto marcado por el giro que tuvo el proceso el pasado 13 de mayo, cuando la Fiscalía reformuló cargos y dejó de lado la acusación de delincuencia organizada, para centrar la investigación en un presunto delito de lavado de activos.
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De acuerdo con la hipótesis fiscal, los recursos obtenidos mediante supuestas irregularidades en la comercialización de combustible subsidiado habrían sido canalizados al sistema financiero a través de empresas, transferencias y movimientos patrimoniales.
Durante la audiencia también se dispusieron medidas cautelares, entre ellas la inmovilización de cuentas y la incautación de vehículos.
Mientras este proceso avanza, en paralelo, Aquiles Álvarez permanece detenido en la cárcel de El Encuentro, en Santa Elena, por otros procesos judiciales en los que aún rige la prisión preventiva.
El delito de lavado de activos está contemplado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quienes oculten, administren, transfieran o aparenten legalidad a bienes o dinero de origen ilícito.
Las sanciones varían según el monto y el grado de participación. Este ilícito se castiga con penas que oscilan entre 1 y 13 años de cárcel, además de multas y el decomiso de bienes.
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