El Salvador juzga cerca de 500 cabecillas de la Mara Salvatrucha, por cometer 47.000 delitos

El lunes 20 de abril, El Salvador dio inicio a un juicio histórico contra 486 integrantes de la Mara Salvatrucha, entre ellos los máximos cabecillas de la organización criminal conocida como la “ranfla nacional”. La Fiscalía los acusa de ordenar la masacre de 86 personas durante el último fin de semana de marzo de 2022, un hecho que detonó la instauración del régimen de excepción por parte del presidente Nayib Bukele, medida que ha sido renovada 49 veces.

Según los argumentos presentados, los acusados son responsables de más de 47.000 crímenes cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo homicidios, feminicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas.

Los líderes en el banquillo

Las imágenes difundidas por la Fiscalía mostraron por primera vez en años a varios de los líderes nacionales de la MS-13. Entre ellos figura Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “El Diablito de Hollywood”, considerado el máximo jefe de la pandilla. También aparece Rubén Antonio Rosa Lobo, alias “Chivo de Centrales”, identificado como “el CEO” de la organización y solicitado en extradición por Estados Unidos. 

Otro cabecilla presente es César Humberto López Larios, alias “Greñas de Stoners”, quien enfrentaba un proceso en Nueva York antes de ser devuelto a El Salvador en negociaciones con el gobierno de Donald Trump.

Régimen de excepción y críticas

El régimen de excepción instaurado en 2022 suspendió garantías constitucionales como el derecho a la defensa y la no intervención de las comunicaciones. Bajo esta política, el gobierno ha capturado a más de 91.500 personas, equivalente al 2% de la población adulta del país. Los juicios masivos, dirigidos por jueces anónimos, agrupan a cientos de acusados bajo cargos colectivos de pertenencia a pandillas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “serias preocupaciones” por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación del régimen de excepción. Amnistía Internacional también advirtió que muchas detenciones se realizaron bajo presión de cuotas diarias, con pruebas falsas o denuncias anónimas.

Rebelión y soberanía

Por primera vez, el Estado salvadoreño acusó a pandilleros por el delito de “rebelión”, argumentando que intentaron mantener control territorial para establecer un “Estado paralelo”, desafiando la soberanía nacional

El Tribunal 6º Contra el Crimen Organizado de San Salvador podría imponer nuevas condenas contra líderes que ya estaban presos antes del régimen de excepción. De los 486 acusados, 413 permanecen detenidos y 73 continúan prófugos.