Harvard pagará $53 millones por la venta ilegal de restos humanos de su morgue

La Facultad de Medicina de Harvard alcanzó un acuerdo por $53 millones para resolver las demandas presentadas por familiares de personas que donaron sus cuerpos a la institución y cuyos restos habrían sido sustraídos de la morgue y vendidos en el mercado negro.

El convenio contempla la creación de dos fondos de indemnización colectiva y recibió una aprobación judicial preliminar el 18 de agosto de 2026. La audiencia para decidir su aprobación definitiva está prevista para el 9 de diciembre de 2026.

Las acciones legales fueron impulsadas por 47 familiares de donantes cuyos restos pudieron haber sido manipulados o comercializados ilegalmente. El acuerdo incluye a los representantes de personas que entregaron sus cuerpos al programa anatómico de Harvard entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023.

En un comunicado, las autoridades de la Facultad de Medicina calificaron lo ocurrido como una conducta “despreciable” y una grave traición a los valores de la comunidad médica. La universidad también señaló que será designado un administrador independiente para identificar a los posibles beneficiarios y distribuir los recursos.

El exempleado que dirigió el esquema ilegal

El escándalo salió a la luz en 2023, cuando las autoridades federales revelaron una red dedicada al robo, transporte y comercialización de restos humanos donados con fines científicos.

En el centro del caso se encontraba Cedric Lodge, quien trabajó durante casi tres décadas en la morgue de la Facultad de Medicina y llegó a ocupar el cargo de gerente. En 2025, se declaró culpable de transportar restos humanos robados entre estados y posteriormente fue sentenciado a ocho años de prisión.

Según los fiscales, Lodge retiraba partes de los cadáveres una vez que la universidad había terminado de utilizarlos en sus actividades de enseñanza e investigación. Entre los restos sustraídos se encontraban cerebros, piel, manos, cabezas y rostros.

Parte de ese material era trasladado desde la morgue de Boston hasta la vivienda de Lodge en Nuevo Hampshire. Desde allí, él y su esposa, Denise Lodge, negociaban con compradores ubicados en Pensilvania y otros estados. Algunos de los restos fueron revendidos posteriormente con fines de lucro.

La fiscal federal adjunta Alisan Martin expuso durante el proceso uno de los episodios más perturbadores: Lodge vendió piel humana a una persona que pretendía curtirla para utilizarla en la encuadernación de un libro. La Fiscalía también informó sobre la venta del rostro de un hombre, aunque no se pudo establecer cuál sería su destino final.

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Los cuerpos debían ser cremados después de los estudios

Las personas afectadas habían entregado voluntariamente sus cuerpos al Programa de Donación Anatómica de Harvard para contribuir a la formación de estudiantes y al desarrollo de investigaciones médicas.

Una vez concluidos los estudios, la institución debía cremar los cadáveres y entregar las cenizas a las familias o disponer de ellas conforme a las instrucciones de los donantes. Sin embargo, Lodge aprovechó su acceso a la morgue para extraer y comercializar partes humanas sin autorización.

Las autoridades determinaron que el exempleado formó parte de una red integrada por su esposa y otros compradores. Varios de ellos reconocieron su participación en el transporte, adquisición o reventa de los restos.

Aunque Harvard sostuvo que desconocía las actividades de Lodge, los familiares cuestionaron que el esquema pudiera mantenerse durante varios años sin ser detectado. Para los demandantes, el caso evidenció fallas en la supervisión de la morgue y en la custodia de los cuerpos confiados a la institución.

La justicia permitió que las demandas continuaran

Las primeras demandas civiles fueron presentadas en 2023. Los familiares acusaron a Harvard de negligencia por no impedir las actividades delictivas de su empleado y por incumplir el deber de preservar con dignidad los restos de los donantes.

En febrero de 2024, un juez desestimó las reclamaciones contra la universidad al considerar que estaba protegida por una disposición de la Ley Uniforme de Donaciones Anatómicas de Massachusetts. Esta normativa limita la responsabilidad de las instituciones cuando actúan de buena fe.

No obstante, el Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts revocó parcialmente esa decisión el 6 de octubre de 2025. La corte concluyó que las acusaciones presentadas permitían considerar que Harvard pudo no haber actuado de buena fe en el manejo y supervisión de los cadáveres. Sentencia del Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts

Tras conocerse el esquema, Harvard contrató especialistas externos para revisar su Programa de Donación Anatómica e implementó una serie de cambios en los controles de acceso y vigilancia. Como parte del acuerdo, la institución también realizará un reconocimiento público dirigido a las familias y creará, desde el ciclo académico 2027-2028, una beca anual en homenaje a sus donantes anatómicos.