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Delcy Rodríguez lidera delegación venezolana ante la CIJ por disputa con Guyana

Caracas acude a las audiencias públicas en los Países Bajos para exigir negociaciones directas sobre los 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo

Delcy Rodríguez anunció su viaje a Paises Bajos.

Delcy Rodríguez anunció su viaje a Paises Bajos.EFE

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, encabeza desde este domingo en La Haya la defensa legal del territorio del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La mandataria busca reivindicar el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento válido para resolver la disputa territorial que la nación mantiene con Guyana.

Rodríguez aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam-Schiphol y se integró al equipo jurídico y político que incluye al canciller Yván Gil. Las audiencias ante el máximo tribunal de Naciones Unidas, programadas entre el 4 y el 11 de mayo, responden al caso impulsado por el Gobierno de Georgetown para validar el Laudo Arbitral de París de 1899.

Argumentos legales de la delegación venezolana

A través de los canales oficiales, Rodríguez argumentó que el Estado venezolano mantiene una posición basada en la legalidad internacional y el derecho histórico. La delegación rechaza la validez del laudo de 1899, decisión que Caracas declaró nula en 1962 bajo el argumento de irregularidades procedimentales y acuerdos políticos desfavorables. La postura oficial exige que el conflicto limítrofe se resuelva mediante negociaciones directas entre ambas administraciones, ciñéndose a los parámetros del documento firmado en 1966 en Ginebra.

El origen económico del conflicto territorial

El Esequibo abarca una extensión aproximada de 160.000 kilómetros cuadrados, lo que representa cerca de dos tercios de la superficie actual de Guyana, nación que administra la zona desde hace más de un siglo.

El interés estratégico sobre este territorio se intensificó en los últimos años tras el descubrimiento de reservas petroleras frente a sus costas. Este hallazgo elevó la proyección económica del área, reactivando las exigencias de soberanía por parte del Ejecutivo venezolano.

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