Puerto azul
Lo que sigue en el caso del Blue Town: la obra sigue pese a la resistencia ciudadana
La Prefectura descartó la protección del "acuífero". La promotora ejecuta los trabajos en el terreno y la comunidad alista medidas de hecho
Foto tomada en el punto denunciado como 'ojo de agua' por los moradores
Caso Blue Town
- Fallo provincial agota la vía administrativa a favor del desarrollo comercial.
- Constructora hace un llamado al diálogo tras superar los procesos legales.
- Moradores denuncian desvíos de agua al alcantarillado y advierten bloqueos.
Tras el archivo del recurso de apelación por parte de la Prefectura del Guayas, la ejecución del proyecto comercial Blue Town Center en Puerto Azul entra en una nueva fase. La vía administrativa se agota a favor de la constructora Shiva, pero el conflicto se traslada al terreno ante la advertencia de medidas de hecho por parte de la directiva vecinal.
El cierre de la vía institucional
Mediante la resolución de segunda instancia del 31 de marzo de 2026, el Gobierno Provincial, liderado aún por Marcela Aguiñaga, desestimó los reclamos del comité. La entidad ratificó el registro ambiental y descartó la tesis de que el líquido presente en la zona de construcción corresponda a un acuífero protegido.
Andrés Ortiz, abogado de la obra, sostiene que el dictamen liquida los cuestionamientos legales que trababan el avance de las maquinarias. “Ya no tienen nada abierto. Todos (los procesos) han perdido. Ninguna instancia le ha dado la razón al comité”, detalla el jurista, quien exhorta a la directiva barrial a entablar un espacio de diálogo público para llegar a un acuerdo logístico.
La fiscalización desde la calle
La directiva vecinal rechaza el llamado a conciliación y denuncia alteraciones físicas inmediatas en el predio. José de la Gasca, presidente del comité, argumenta que la propuesta de diálogo evidencia inestabilidad en los derechos adquiridos por la empresa.
Miembros del Comité de Puerto Azul, en el sitio donde será BlueTown
Además, expone una nueva alerta técnica sobre la operatividad del consorcio: “Lo único que están haciendo es bombear el agua del acuífero a la red de alcantarillado de la ciudadela, lo cual constituye una infracción ambiental”, opinó.
Ante la negativa institucional para frenar el proyecto, la hoja de ruta de los residentes apunta a la paralización de la arteria vial. De la Gasca advierte que a la comunidad —que ya rechazó la edificación en cuatro asambleas— no le quedará más alternativa que manifestaciones: su exigencia, relata, siempre fue forzar una inspección técnica in situ, exigiendo un estudio hidrogeológico avalado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).
El cerco municipal vigente
Mientras la constructora avanza amparada en los avales ambientales provinciales, la obra mantiene restricciones urbanísticas. El Municipio de Guayaquil determinó semanas atrás que el proyecto no puede intervenir el muro perimetral ni utilizar la calle pública Victoria Concha de Valdez para el traslado de garitas o la logística de volquetas.
La vocería ciudadana mantiene la vigilancia sobre estas prohibiciones. Advierten que si los permisos otorgados a la promotora fueran definitivos e intangibles, el Cabildo no habría paralizado la intervención durante más de un año y medio en 2024.
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