Dicen que la unión hace la fuerza. Tras los atentados y amenazas de muerte que han recibido dentro de sus funciones, lo que han visto materializarse en compañeros y que trasciende    también a su ámbito familiar, gremios del sector de la justicia decidieron unirse para exigir la implementación de planes y protocolos para el desarrollo de sus actividades con seguridad.

Representantes de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces Núcleo Guayas (Aemaj), de la Fiscalía, Defensoría Pública y del Colegio de Abogados del Guayas (CAG) extendieron a la ministra de Gobierno y a las autoridades de sus dependencias propuestas que tienen como finalidad precautelar la seguridad de los funcionarios y usuarios de la Función Judicial, sobre todo en Guayaquil, catalogada como la ciudad más violenta del país.

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“Hemos coincidido en que el sistema de justicia está desprotegido y, lamentablemente, no queremos exponernos a la prensa cada vez que un juez o fiscal sea asesinado. Nuestra alianza, que conforma un equipo de trabajo, es consciente de que la única forma para que pueda mejorar el sistema de justicia es presentar soluciones que no requieran una gran asignación presupuestaria y sea viable, es decir que venga de la voluntad política nacional y gestión administrativa”, manifiesta la jueza Heidy Borja, presidenta de Aemaj-Guayas, quien actualmente cuenta con custodia policial tras amenazas que se consumaron en 2022.

De allí que detalla el plan de protección para el sistema de justicia y con ello evitar más tragedias y precautelar la seguridad de los funcionarios y usuarios. Lo primero es un exhorto al Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública para que emitan resoluciones administrativas que contemplen las vestimentas y objetos con los que no se puede ingresar a sus instalaciones. Por ejemplo, gorras, gafas.

A más de eso, los gremios piden que cada entidad relacionada con los judiciales elabore protocolos de seguridad que establezcan un filtro de control, revisión de usuarios y registro de la identidad de las personas que entran los a juzgados, fiscalías y la Defensoría Pública.

Otra de las propuestas apunta a la aplicación de las recomendaciones de una evaluación de seguridad judicial de Ecuador realizada por la Unidad de Servicios del Orden de los Estados Unidos, en agosto de 2023, que diagnostica que se requiere que la Judicatura y Fiscalía General del Estado planifiquen proyectos piloto con protocolos de seguridad en el Complejo Judicial Penal 2 Albán Borja, en las unidades con competencias en delitos flagrantes y el edificio La Merced, donde funciona la Fiscalía Provincial del Guayas, por la alta incidencia de atentados en esas edificaciones. Lo que se observó el pasado 9 de enero, con dos guardias de seguridad que fueron asesinados en su intento de detener a grupos armados que, a decir de funcionarios, iban en busca de jueces de la Unidad Penal 2.

De allí que Reynaldo Cevallos Freire, presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público del Guayas, propone que se expida un protocolo de protección en el que la Fiscalía, Judicatura y Defensoría Pública determinen medidas de protección provisionales y definitivas cuando el funcionario esté expuesto a riesgo o amenaza, hasta que el Estado conceda la protección policial con un funcionario del Ministerio de Gobierno. “Hacer un    perfil de riesgo, establecer qué funcionarios llevan expedientes o causas de alto riesgo, para prevenir cualquier tipo de atentados”. Hasta la última semana conocían de 62 fiscales en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos.

También se pide dar acompañamiento y soporte a la familia de funcionarios víctimas de ataques. Según Cevallos, la mayoría de compañeros asesinados bordeaban los 40 años, es decir que tienen hijos menores de edad, y muchos de ellos están con tratamiento sicológico. La propuesta es que las instituciones no abandonen a la familia, que queda además desprotegida por la falta de seguros de vida, lo que también exigen.

También piden pruebas de confianza al personal asignado a los funcionarios de alto riesgo y una policía especializada. “Todos debemos recordar que el compañero César Suárez (asesinado el pasado 17 de enero, en Guayaquil) era funcionario de una unidad especializada y su despacho era en dependencias de la Policía Judicial”, destaca Cevallos.

Por su parte, Jorge Sánchez Mendoza, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Guayas, pide agilizar el proceso de solicitud de protección, análisis de riesgo de los funcionarios y la aplicación del dispositivo de seguridad, así como una reforma al Decreto 145 emitido por el Ministerio de Defensa, para que los jueces, fiscales y defensores públicos tengan un trámite expedito en la obtención de permisos de armas de fuego.

Ricardo Prado, del Colegio de Abogados del Guayas, añade la solicitud de exoneración tributaria en la adquisición de equipos de protección (chalecos antibalas, armas de fuego y blindaje de vehículos), para jueces, fiscales, defensores públicos y abogados en libre ejercicio, especialmente para aquellos que lleven la defensa técnica de casos sumamente notorios con riesgo de su vida en la defensa de clientes.

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