En zozobra y con gran incertidumbre. Así trabajan los jueces y personal administrativo de la Unidad Judicial Penal 2 Albán Borja, que retornaron este 15 de enero a sus actividades, de manera presencial, a pesar del llamado que hicieron por la grave situación que aún vive el país y el ataque que sufrió el centro comercial el pasado 9 de enero, donde asesinaron a dos guardias privados y quemaron varios vehículos.

Ante la declaratoria de conflicto armado interno, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) Núcleo Guayas, presidida por la jueza Heidy Borja, solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) y autoridades judiciales que extiendan la modalidad de teletrabajo hasta el próximo 19 de enero a todas las unidades judiciales de la provincia, sobre todo las penales que llevan los procesos de los privados de libertad y sentenciados de alta peligrosidad.

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“No existe una medida de prevención, de protección”, aseguró la jueza Borja, al mencionar que apenas cinco policías y dos guardias custodian la unidad judicial, donde requieren militarización.

Según dice, el 9 de enero ellos decidieron actuar por su cuenta ante la amenaza que existía en TC Televisión por parte de un grupo armado.

“El objetivo ese día éramos los jueces... La única razón por la    cual no hubo víctimas mortales en la Función Judicial es porque los judiciales decidimos cerrar las puertas, evacuar a los usuarios y salir del complejo minutos antes de que lleguen los criminales”, aseveró la Aemaj.

Este 15 de enero, abogados y usuarios se mostraron también con temor en las diligencias que realizaban en dicha unidad penal.

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