En la administración de la exalcaldesa Cynthia Viteri (2019-2023) hubo controvertidos casos que colocaron el nombre de la exfuncionaria por más de una ocasión en las tendencias de Twitter, hoy llamada X, y algunos de estos llegaron hasta instituciones como de la Fiscalía.

Pero en la Contraloría General del Estado se registran 28 informes generales de auditoría aprobados, que se encuentran publicados en su página web oficial, otras 8 acciones de control están en ejecución, los auditores se mantienen verificando información; y otros 2 adicionales están planificados y pendientes de ejecutarse. Es decir, durante su gestión como alcaldesa la Contraloría abrió un total de 38 exámenes especiales.

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El ente ejecuta sus acciones de control de acuerdo a un plan anual, pero también se originan casos en los que realiza exámenes especiales con cargo a imprevistos. Un ejemplo de esto último fue el tema de la administración, registro y uso de los vehículos para asistir al primer encuentro por la seguridad nacional efectuado en junio de 2022, en la ciudad de Quito.

En una lectura de los informes aprobados figura el de ‘determinación, recaudación, registro y depósito por el ingreso de los vehículos a las instalaciones de la Terminal de Transferencia de Víveres’.

En el apartado de conclusión se lee que del ingreso de los vehículos oficiales exonerados de pago por el ingreso a la TTV, “no se evidenció el soporte documental completo para la aplicación de controles, referentes a una lista maestra con el detalle de las placas de vehículos autorizados para su exoneración”.

También se lee que “no constaron bitácoras completas de la compañía de seguridad con el detalle de las placas de los vehículos exonerados autorizados...”

En el caso de los vehículos que se desplazaron a la capital, la conclusión de la Contraloría fue que el alcalde de Guayaquil (e), coordinó y dispuso el trámite de los salvoconductos para la movilización a Quito de 3 vehículos, la directora administrativa autorizó la emisión de estos salvoconductos y el director del cuerpo de Agentes de control Metropolitano dispuso el traslado de 90 agentes de dicha dirección.

Concluye que ocasionó el “desplazamiento de dicho personal y vehículos a la ciudad de Quito y realicen actividades que no se encuentran alineadas a las políticas institucionales”.

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Otro informe aprobado es ‘a los estados financieros’. Entre las conclusiones se observa que se determinaron que “existen vacaciones acumuladas de los servidores de la entidad por más de sesenta días...”.

En ese mismo documento se observa otra conclusión: “El contador general del periodo comprendido entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de diciembre de 2020 elaboró las notas a los estados financieros de los años 2019 y 2020; sin embargo, no contienen información relacionada con las políticas contables de: efectivo y equivalentes de efectivo, anticipo de fondos, cuentas por cobrar, inversiones a largo plazo, otros activos, depósitos y fondos de terceros, cuentas por pagar, empréstitos, gastos e ingresos”.

En el listado se encuentra, además, el examen especial a los procesos de donación y comodato de terrenos municipales y su uso, por el período comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.

Entre las conclusiones llama la atención que “se evidenció que la dirección municipal de Acción Social y Educación no realizó la actividad de seguimiento y control respecto al uso y destino en 28 comodatos y 4 donaciones de inmuebles municipales durante el año 2019; además las direcciones municipales de Acción Social y Educación, de Salud Pública e Higiene, y de Obras Públicas, en 56 casos no presentaron las copias de las escrituras para la ejecución del control del uso en función del objeto del contrato”.

Mientras tanto, las dos acciones de control que están pendientes de ejecutarse son ‘a la determinación, recaudación y registro de los ingresos por concepto de activos totales’ y la de ‘al cumplimiento de recomendaciones constantes en los informes DPGY-0050-2022 y DPGY-0074-2022, aprobados el 17 de junio de 2022 y el 10 de agosto de 2022, respectivamente; y a las recomendaciones de los informes de auditoría interna y externa aprobados por la Contraloría General del Estado’.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Contraloría, esta entidad tiene un plazo de 180 días para aprobar un informe de auditoría, por lo que las acciones de control en ejecución se aprobarían dentro de ese tiempo.

Hoy, el Municipio de Guayaquil está liderado por Aquiles Álvarez, quien asumió la alcaldía en mayo de 2023, por lo que, en los próximos planes anuales de control, la Contraloría incluiría exámenes que correspondan a su gestión.

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