La lupa de la Contraloría se manifiesta. De una flota de 69 camionetas destinadas para temas de seguridad en Guayaquil, cuatro no se emplearon para este fin, sino en logística y en acciones para mitigar efectos de la pandemia. Y al menos 52 de estos vehículos estuvieron “detenidos” en unidades de policía comunitaria (UPC).

Estos fueron algunos de los comentarios que se escucharon este jueves 22 de junio en la lectura del borrador del informe de la entidad en torno al cumplimiento del Convenio Para el Uso y Conservación de Vehículos Destinados al Control de Seguridad en la ciudad de Guayaquil entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la urbe y el Ministerio de Gobierno, suscrito el 27 de diciembre de 2019 en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2022.

El monto del contrato fue de más de 3 millones de dólares más IVA, a 24 meses plazo. El administrador del contrato fue la Corporación para la Seguridad Ciudadana (CSCG). En las cláusulas se habla de patrullajes 24/7 los 365 días del año.

En el informe, la institución también abordó el convenio de Cooperación y Transferencias No Reembolsables que celebraron el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, suscrito el 26 de septiembre de 2022.

De lo que se oyó, se trata de los 2 millones de dólares con los que el Concejo Cantonal, que en ese entonces estaba presidido por la exalcaldesa Cynthia Viteri, aprobó la transferencia para la adecuación del estadio Monumental, escenario elegido para la final de la Copa Libertadores.

¿Qué sigue después? Una fuente de la Contraloría detalló que una vez que se llevó a cabo la lectura de este borrador de informe, los auditados pueden presentar sus descargos para que los analice el equipo de auditoría.

Posteriormente se debe aprobar el informe general y subirlo a la página web de la entidad.