El discurso del expresidente de la República, Rafael Correa, que pretendía que la justicia del país respondiese a la voz de una persona, ahora brota en la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Así lo consideran jueces, fiscales, expertos en Derecho Constitucional y Penal al analizar si la nueva propuesta de crear una veeduría que vigile los fallos de los jueces, que permiten que los delincuentes sean liberados, podría alterar el principio democrático universal de la independencia de poderes. La inseguridad y la percepción de impotencia de los ciudadanos son el marco contextual sobre el que se levanta este planteamiento municipal.

El análisis llega tras el último anuncio de la cabeza del Cabildo de contratar, en el marco del Plan Más Seguridad, la mencionada veeduría ciudadana con el fin de observar si el accionar de los jueces y, en su caso, “con la posibilidad de acusarlos de prevaricato”, según el mismo boletín de la autoridad.

“El Municipio va a contratar con la Espol (Escuela Politécnica del Litoral) o con estudios privados, una veeduría ciudadana para que el juez o fiscal que libere un delincuente, detenido en delito flagrante que haya robado, secuestrado, violado, matado; no sea liberado por jueces de la manera tan sencilla como abrir la puerta de su cuarto y dejarlos salir. El juez que lo haga será acusado de prevaricato. No solo será destituido, sino que tendrá que ser encarcelado”, manifestó Viteri en su enlace radial del pasado 5 de febrero.

EXPRESO consultó el alcance de esta propuesta y si se había considerado que podría afectar a la independencia judicial. Nunca se recibió respuesta por correo electrónico. Este Diario acudió, ayer, hasta el Municipio para preguntar, además, sobre el costo que tendrá la veeduría y la figura legal en la que se amparan. Su equipo de comunicación solamente dijo que ella responde a EXPRESO, específicamente, por correo. Algo que tampoco se dio.

Quienes sí se pronunciaron fueron operadores de Justicia como Ivonne Núñez, jueza de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, quien asegura que “es una barbarie política”. “El Plan Más Seguridad no es responsabilidad de los jueces. (...) Los políticos hacen política y la diseñan de acuerdo a sus fines y propósitos; los jueces dictamos sentencias en base a la realidad procesal y aplicando el ordenamiento jurídico sin dejar de lado la Constitución”. Además, la magistrada recuerda que las veedurías ciudadanas parten del principio de voluntariedad, no de contrato.

Ella conoce de primera mano lo que significa vigilar el accionar de un juez. Fue parte del grupo de magistrados destituidos durante la presidencia de Correa, en la que también figuraban nombres como la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, María Leonor Viteri, madre de la alcaldesa, quien también fue calificada por el expresidente como “corrupta”.

La reacción de la alcaldesa Viteri, en aquella época asambleísta, fue entonces inmediata. A través de una carta dirigida en contestación al exmandatario. 

Influir en la actuación de jueces, rememora Núñez, provocó que organismos internacionales, uno de ellos Human Rights Watch, abrieran informes sobre la injerencia de Ecuador en el sistema judicial. “El que no conoce la historia está condenado a repetirla”, sostiene.

El experto en Derechos Humanos y Gestión Pública, Marcelo Espinel, apunta a que el discurso de Viteri podría influir en la independencia de justicia e irrespeta tres aspectos.

El primero, coincide con Núñez, es que las veedurías no pueden ser contractuales, es decir, no puede haber ningún incentivo económico de por medio porque “carecería de objetividad”. El segundo, insiste, tiene relación al uso de los recursos públicos. “Si se están destinando recursos para algo que no es competencia del Municipio, podría configurarse un mal uso de recursos públicos”. Y como tercer punto, enfatiza el también director de Proyectos de la fundación Ciudadanía y Desarrollo, el discurso alerta sobre el hecho de que una autoridad “señale cómo deberían comportarse los jueces sobre determinado tema”. “Es un irrespeto a la independencia de funciones”, sentencia.

Estos mismos argumentos los lanzará hoy públicamente la fundación Ciudadanía y Desarrollo, entidad que tiene en su lista de objetivos fortalecer las prácticas democráticas en la ciudadanía.

Para Salim Zaidam, abogado constitucionalista, el discurso de Viteri es “populista y demagógico”. “De estas propuestas abundan en la época preelectoral. Seguramente están tratando de buscar votos con este tipo de anuncios”, dice el también experto en Derechos Humanos.

Desde el punto de vista de este abogado, el discurso de la alcaldesa se apalanca de una percepción real de inseguridad, aunque sin mayor conocimiento porque el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial reconoce el principio de independencia de poderes. “Ella no puede, a nombre del pueblo, hacer algo que ya es un derecho de la ciudadanía. Es comprensible la indignación de los ciudadanos frente a la inseguridad que nace, sí, desde el propio actuar de los jueces. Pero frente a esta realidad, lo que se debe hacer es alentar a que los afectados denuncien estos actos al ente correspondiente”, sugiere.

Se refiere al Consejo de la Judicatura, órgano encargado de disciplinar los casos donde se hallen falencias en la labor de jueces y fiscales. Esa entidad ha enviado a este Diario, a modo de respuesta, un comunicado en el que su presidenta, María del Carmen Maldonado, se refirió tras presentarse la propuesta municipal. “La doctora Maldonado, respetando el principio de independencia judicial, no se refirió a ese planteamiento, ni se adoptó, con las autoridades nacionales, ninguna resolución”.

"UNA ACTITUD PELIGROSA"

• El docente de la Universidad Católica del Ecuador y penalista, Nicolás Salas, piensa que solo el discurso de Viteri puede generar una “actitud peligrosa”. Sostiene que “el mensaje que ella está dando es que los jueces y los fiscales están liberando delincuentes, y los va a perseguir”. Por tanto, esto podría manipular el comportamiento de los jueces, del Guayas especialmente, para que por “ahorrarse problemas ordenen prisión hasta por si acaso”.