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Diario Expreso Ecuador

Presunto abuso sexual en cárcel de Guayaquil: estas son las medidas de Defensa

El ministro Gian Carlo Loffredo confirmó que se iniciaron procedimientos contra los uniformados señalados. Conoce los detalles

Un militar es investigado por presunto abuso sexual a una PPL en una cárcel de Guayaquil.

Un militar es investigado por presunto abuso sexual a una PPL en una cárcel de Guayaquil.Cortesía

Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez

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Lo que debes saber

  • Un militar es investigado por presunto abuso sexual a una PPL en una cárcel de Guayaquil.
  • Defensa anuncia la separación de militares tras difundirse el video del presunto abuso.
  • El Ejército denunció el caso ante Fiscalía y cambió al comandante por fallas de control.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se pronunció sobre el video que circuló en redes sociales y que muestra a un militar realizando presuntos tocamientos de carácter sexual a una mujer privada de libertad en la cárcel femenina Guayas 2, en Guayaquil.

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El funcionario señaló que el contenido le genera “mucha indignación” y confirmó que se iniciaron procedimientos para separar de las Fuerzas Armadas a los uniformados que estarían involucrados en el hecho.

“Cualquier uniformado que comete un delito automáticamente deja de ser uniformado”, afirmó Loffredo al referirse a las medidas adoptadas tras la difusión del video.

El caso fue denunciado públicamente el 20 de septiembre por Fernando Bastias, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil. La denuncia estuvo acompañada de un video en el que se observa a un militar tocando los senos de una presunta interna. En ese momento, el CDH pidió la intervención de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

Ejército presentó una denuncia ante la Fiscalía

Un día después de la denuncia pública, el Ejército informó que inició acciones para recabar y verificar información sobre el caso. La institución también presentó una denuncia ante las autoridades competentes para que se investiguen los hechos.

El Ejército indicó que colaborará con las autoridades y facilitará la información necesaria para esclarecer lo ocurrido. Hasta ese momento, la institución señaló que el caso involucraba a personal militar encargado de las funciones de seguridad y control del centro penitenciario.

Loffredo confirmó que fue la propia Fuerza Terrestre la que presentó la denuncia ante la Fiscalía, con el objetivo de que el caso sea investigado y, de existir responsabilidades, judicializado.

La investigación deberá determinar qué ocurrió, quiénes participaron y las eventuales responsabilidades penales y administrativas. Por ahora, el hecho denunciado mantiene la condición de presunto.

Defensa reconoce una falla en el control de la cárcel

Uno de los elementos señalados por el ministro es el incumplimiento de los protocolos de seguridad dentro del centro penitenciario.

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Según Loffredo, las disposiciones vigentes en la penitenciaría prohíben que el personal masculino tenga contacto con las mujeres privadas de libertad. Sin embargo, el video difundido evidencia que un militar habría tenido contacto físico con una interna.

“Hubo una falta de control de este procedimiento”, sostuvo el ministro. Como consecuencia de esa falla, Defensa dispuso también el cambio del comandante encargado del centro penitenciario.

La denuncia abrió cuestionamientos sobre la custodia

El caso se conoció en medio de cuestionamientos del CDH sobre la actuación de los militares asignados a la custodia de la cárcel femenina de Guayaquil. Bastias sostuvo que había recibido información sobre supuestos abusos durante las guardias militares y pidió que las autoridades investigaran la situación.

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La presencia militar en los centros penitenciarios se mantiene desde enero de 2024, cuando el entonces presidente Daniel Noboa dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar el control de las cárceles, en el contexto de la crisis de seguridad y del conflicto armado interno declarado mediante el Decreto Ejecutivo 111.

El Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, formalizado en 2026, mantiene la participación de las Fuerzas Armadas en el control de los centros penitenciarios.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso plantea además una interrogante sobre los mecanismos de supervisión de los militares destinados a las cárceles y sobre el cumplimiento de los protocolos que regulan su contacto con las personas privadas de libertad.

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