El Oro: la provincia donde el crimen organizado impone las reglas de convivencia

Son las seis y media de la tarde y San Agustín comienza a apagarse. Los negocios cierran sus puertas, las motocicletas desaparecen de las calles y las familias apresuran el regreso a casa antes de que anochezca. Nadie les ordenó hacerlo. No existe un toque de queda ni una disposición oficial que obligue a modificar la rutina. Sin embargo, desde hace semanas los habitantes de esta comuna ribereña del cantón Santa Rosa entendieron que permanecer en la calle después de las 19:00 puede convertirse en una decisión demasiado riesgosa.

Lo que ocurre en este rincón de la provincia de El Oro va mucho más allá de la estadística de asesinatos que diariamente alimenta los reportes policiales. Durante las últimas semanas, una cadena de masacres, atentados con explosivos, amenazas escritas en panfletos, cuerpos abandonados en espacios públicos y sicarios que se hacen pasar por policías, clientes o vendedores ha comenzado a transformar la vida cotidiana. La violencia ya no solo se mide por el número de muertos; también se refleja en parques vacíos, negocios que bajan temprano sus puertas, vecinos que evitan pronunciar nombres y comunidades que aprendieron a convivir con el miedo.

Ese es quizás el cambio más profundo que enfrenta hoy El Oro: el crimen organizado parece haber dejado de disputar únicamente territorios para empezar a imponer nuevas reglas de convivencia.

Cuando el miedo empezó a cambiar la rutina

Los habitantes de San Agustín, San José y Las Margaritas hablan en voz baja. Muchos aceptan contar lo que ocurre únicamente con la condición de que sus nombres no aparezcan publicados. "Aquí era un pueblo muy tranquilo", comenta una mujer mientras observa una calle casi vacía. "Ahora todos nos encerramos antes de las siete porque no sabemos qué puede pasar".

La transformación de estas comunas puede seguirse casi día por día. El 7 de junio, hombres armados irrumpieron en un bar de San Agustín donde varias personas celebraban la victoria de la selección ecuatoriana sobre Guatemala en un partido amistoso. Wilson Iván Chica Camacho, Jaime Leonardo Carrión y Anthony Marcelo Romero Benavides murieron durante el ataque, mientras otras tres personas resultaron heridas.

Apenas 24 horas después, el 8 de junio, Víctor Alejandro Jiménez Mora, de 19 años, fue asesinado en la vecina comuna de San José. Nueve días más tarde, el 17 de junio, un estudiante volvió a convertirse en víctima de otro ataque armado en San Agustín.

La secuencia terminó por romper cualquier sensación de normalidad el 1 de julio, cuando cuatro agricultores fueron asesinados en el parque central de San Agustín. Según las investigaciones, al menos cinco hombres armados descendieron de dos vehículos, entre ellos un taxi amarillo, y dispararon con pistolas y fusiles contra quienes conversaban en el lugar. Cuando la Policía llegó, ya no encontró los cuerpos. Los familiares los habían retirado y llevado hasta sus viviendas. En la escena solo quedaron manchas de sangre, más de treinta indicios balísticos y un nuevo panfleto.

En apenas 24 días, nueve personas fueron asesinadas en estas tres comunas ribereñas. El miedo terminó haciendo lo que ninguna autoridad había ordenado: vaciar las calles antes del anochecer.

Los panfletos dejaron de ser amenazas y comenzaron a convertirse en reglas.

Antes de los disparos llegaron los mensajes

Semanas previas a la masacre comenzaron a aparecer panfletos en distintos sectores de San Agustín. En ellos se mencionaba a un hombre conocido como alias Charly y se advertía que cualquiera que "le copiara" terminaría de la misma manera. Otros escritos advertían que nadie debía permanecer en el parque durante la noche e incluso incluían amenazas dirigidas a estudiantes.

Muchos habitantes decidieron dejar de reunirse en ese espacio público. Otros continuaron haciéndolo.

El 1 de julio, cuatro hombres fueron asesinados precisamente en ese parque. Junto a los cuerpos apareció otro panfleto firmado por un grupo que se identifica como "La Nueva Sangre".

Para los moradores, aquello marcó un antes y un después. Las amenazas dejaron de parecer advertencias para convertirse en órdenes respaldadas por la capacidad de matar.

La violencia comenzó a expandirse por toda la provincia

Lo ocurrido en Santa Rosa no es un caso aislado.

Mientras las comunas ribereñas modificaban su rutina, otros cantones de El Oro comenzaron a registrar hechos que revelan un mismo patrón: el uso del terror para ejercer control.

La madrugada del 27 de junio, Zaruma despertó con una escena inédita. Una cabeza humana fue abandonada dentro de una funda negra en pleno parque central del cantón patrimonial. Horas después, el resto del cuerpo de José Arturo Aguilar Aguilar fue encontrado en una vía que conecta Portovelo con Loja. Junto a los restos aparecieron panfletos con mensajes intimidatorios que ahora forman parte de las investigaciones policiales.

Tres días después, durante la madrugada del 30 de junio, varios hombres armados llegaron hasta una vivienda en Huaquillas identificándose como miembros de la Policía Judicial. El engaño les permitió ingresar al inmueble antes de asesinar a dos jóvenes de 19 y 22 años. Criminalística levantó 33 vainas calibre 9 milímetros y otras 12 calibre .223, utilizadas en fusiles.

Esa misma noche, El Oro volvió a teñirse de sangre. En menos de cinco horas fueron asesinadas cuatro personas en Santa Rosa, Machala y Arenillas, mientras un reconocido abogado resultó gravemente herido en otro ataque armado.

Bryan Josué Torres Pineda fue interceptado cuando llegaba a su casa en motocicleta. En Machala, Gustavo Adolfo Luna Merino fue asesinado dentro de una vivienda mientras compartía con su familia el partido entre Ecuador y México. En Puerto Bolívar, Joffre Paul Arroyo Fonseca fue atacado por sujetos que aparecieron desde una camaronera. En Arenillas, Cristhian Rueda, conocido como "Papo", fue ejecutado en plena vía pública.

La violencia continuó apenas dos días después. El 2 de julio, tres hombres fueron asesinados en distintos cantones utilizando métodos que muestran una evolución en la forma de operar de los grupos criminales. En Arenillas, un sicario ingresó a un local haciéndose pasar por cliente para pedir la reparación de un teléfono celular antes de disparar contra el comerciante Michael René Toro Gonzaga. En Machala, otro hombre fingió ser vendedor de dulces para lograr que Jacinto Quevedo Herrera saliera de su vivienda. En Pasaje, Lino Añazco fue seguido desde una cancha de fútbol hasta su casa, donde finalmente fue ejecutado.

Ya no se trata únicamente de disparar. Se trata de engañar, acercarse, generar confianza y atacar cuando la víctima baja la guardia.

El mensaje también llegó al Estado

La escalada de violencia tampoco se limita a los homicidios.

La noche del 12 de junio, un atentado con explosivos destruyó parte de las oficinas de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), en Machala, pocas horas después de que el Gobierno ejecutara 88 operativos contra la minería ilegal en distintos puntos de la provincia.

Entre los escombros apareció otro panfleto. Esta vez las amenazas estaban dirigidas contra funcionarios públicos y empresarios vinculados al sector minero.

El 3 de julio, el Bloque de Seguridad capturó a siete presuntos implicados en ese atentado. Durante los allanamientos fueron encontradas armas, explosivos, droga y nuevos panfletos, elementos que fortalecen la hipótesis de que el ataque buscaba enviar un mensaje intimidatorio al Estado.

El silencio también forma parte del control

Hay otro fenómeno que preocupa a las autoridades y que no aparece en los balances de muertes violentas.

En casi todas las escenas abundan los testigos, pero escasean los testimonios.

Los vecinos observan desde las ventanas, ayudan a los familiares y regresan rápidamente a sus casas. Muchos rechazan declarar ante la Policía. Otros solo aceptan conversar lejos de las cámaras y bajo la condición de permanecer en el anonimato.

El propio coronel Renato González, jefe de la Zona 7 de la Policía Nacional, reconoce que el temor está dificultando el avance de las investigaciones. Para el oficial, la provincia enfrenta "un cáncer en expansión" provocado por la disputa entre organizaciones criminales ligadas al narcotráfico y a otras economías ilegales que buscan controlar corredores estratégicos hacia los puertos del país.

Cuando el miedo impide hablar, denunciar o colaborar con las investigaciones, el control territorial deja de depender únicamente de las armas.

Más allá de las cifras

Durante el primer semestre de 2026, El Oro acumula 489 muertes violentas. Dentro de esa cifra hay 42 mujeres asesinadas, un número que ya iguala todos los casos registrados durante 2025. Machala, Huaquillas, Santa Rosa, Arenillas, Pasaje, Puerto Bolívar, El Guabo y Zaruma aparecen una y otra vez en los reportes policiales.

Sin embargo, el cambio más profundo no puede medirse únicamente con estadísticas.

Está en los comerciantes que ahora cierran antes del anochecer. En los padres que ya no permiten a sus hijos jugar en el parque. En los vecinos que dejaron de responder cuando alguien toca la puerta. En las personas que prefieren callar antes que convertirse en el siguiente nombre de una lista.

Porque cuando una organización criminal consigue modificar los horarios, las costumbres, los espacios públicos y hasta la forma en que una comunidad decide hablar o guardar silencio, la violencia deja de ser una sucesión de hechos policiales.

Empieza a convertirse en una nueva forma de convivencia impuesta por el miedo.