Mecheros petroleros en la Amazonía: a 5 años del fallo que exige eliminarlos

El 29 de julio se cumplieron cinco años desde que un grupo de niñas y adolescentes de Sucumbíos y Orellana impulsó una acción judicial que terminó convirtiéndose en uno de los fallos ambientales más emblemáticos del Ecuador. 

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Aunque la sentencia ordenó la eliminación progresiva de los mecheros petroleros en la Amazonía, organizaciones sociales y ambientales sostienen que el cumplimiento sigue siendo parcial y que cientos de estas instalaciones continúan operando.

La decisión judicial fue emitida por la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos en enero de 2021. El tribunal determinó que la quema de gas en los mecheros vulneraba derechos relacionados con la salud, el ambiente sano y la naturaleza, y ordenó la eliminación progresiva de estas estructuras, priorizando aquellas ubicadas cerca de centros poblados.

¿Qué son los mecheros?

Los mecheros son instalaciones utilizadas por la industria petrolera para quemar el gas asociado a la extracción de crudo. En la Amazonía ecuatoriana se concentran principalmente en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde históricamente ha estado la mayor actividad hidrocarburífera del país.

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Según reportes, en la Amazonía existían 486 mecheros hasta 2023. La sentencia estableció que aquellos ubicados cerca de centros poblados debían eliminarse en un plazo de 18 meses, mientras que el retiro total deberá completarse hasta 2030.

Sin embargo, el avance del proceso ha sido motivo de controversia. Organizaciones de comunidades amazónicas, así como colectivos ambientales, han cuestionado los criterios utilizados por las autoridades para determinar qué mecheros están próximos a zonas habitadas. Según estas agrupaciones, la aplicación de parámetros restrictivos habría reducido significativamente el número de instalaciones consideradas prioritarias para su eliminación.

¿Cuántos mecheros han sido eliminados?

De acuerdo con organizaciones internacionales, Petroecuador reportó en julio de 2026 la eliminación de 183 mecheros y anunció una inversión de $600 millones para continuar con el proceso. 

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La misma organización señaló que todavía permanecen en operación centenares de estructuras y que el cumplimiento integral de la sentencia sigue pendiente.

Los cuestionamientos también se centran en el impacto ambiental y sanitario. Las demandantes sostuvieron desde el inicio del proceso que la quema constante de gas afecta la calidad del aire, el acceso al agua y las condiciones de salud de las poblaciones cercanas a los campos petroleros. Estas preocupaciones fueron recogidas en la sentencia que dio paso a las medidas de reparación ordenadas por la justicia.

En 2024, organizaciones indicaron que Ecuador aún no había cumplido plenamente con la resolución judicial y advirtió sobre la permanencia de mecheros en áreas cercanas a comunidades amazónicas.

A cinco años de la sentencia, el debate continúa entre los avances reportados por las empresas operadoras. Mientras tanto, el plazo definitivo establecido por la justicia ecuatoriana para erradicar estas instalaciones se mantiene fijado para 2030